Más allá de la culpabilidad o no de los involucrados en el caso Microstar,
lo que parece haber revelado el juicio seguido contra Gustavo Arráiz y
Eligio Cedeño es la negligencia del Ministerio Público y los tribunales. Los
abogados defensores de los implicados consideran que esto ha sido causado
por la politización del caso y la falta de independencia del Poder Judicial.
Según la defensa, entre las actuaciones polémicas de la Fiscalía y los
jueces del caso se encuentra la orden de aprehensión contra los involucrados
sin que antes hayan sido imputados, la recusación hasta en tres ocasiones de
los jueces que llevan el juicio, cuando la ley establece un máximo de dos,
la negación de las pruebas promovidas por la defensa, la incapacidad de la
Fiscalía para comprobar el delito de "distracción de recursos" que los
mantiene presos y la irregular detención de Arráiz en Panamá, quien fue
traído hasta
Venezuela a pesar de que el Estado había desistido de su extradición.
Igualmente, destaca el hecho de que los jueces y fiscales del caso han sido
premiados o castigados sobre la base de sus decisiones y el apego de éstas a
los intereses del Ejecutivo. Por el caso han pasado unos quince fiscales, de
estos la mitad ya no se encuentra en el MP. Lo cierto es que Cedeño y Arráiz
llevan un año y siete meses presos, sin que se les diga si son culpables o
inocentes.
PRESOS SIN IMPUTACIÓN
Una de las principales irregularidades denunciada por los defensores se
refiere al delito que le permitió al MP solicitar, en febrero de 2007, la
orden privativa de libertad contra Arráiz y Cedeño. Ésta se hizo por el
delito de "distracción de recursos" contemplado en el artículo 432 de la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
La Fiscalía sólo los había acusado en noviembre de 2005 por los delitos de "Obtención
fraudulenta de divisas" y "Contrabando mediante simulación", ninguno de los
dos sumaba la pena necesaria para mantenerlos en la cárcel, lo que sí
permitía la nueva acusación cuya pena es de ocho a diez años.
Los familiares de Arráiz, que se han empapado en derecho penal, indican que
esto le impidió a los acusados defenderse pues la Fiscalía "ocultó" esta
nueva imputación y aseguran que esto se hizo con la finalidad de mantenerlos
presos mientras se celebra el juicio: "Cómo se explica que una juez se
preste para dictarte una medida privativa sin haberte imputado.
Esta juez se prestó, con todo lo que le pedían los fiscales ella era
permisiva, vamos a embargarle las tierras, las cuentas", señala el hermano
del presidente de Microstar, Arturo Arráiz.
Nelson Mejías, quien fue uno de los fiscales que pidió la privativa de
libertad, y Venice Blanco, que fue la jueza que aceptó la petición, fueron
ascendidos a director de Salvaguarda y presidenta del Circuito Judicial
Penal de Caracas respectivamente. Mientras que el fiscal Alejandro Castillo,
quien recusó a la juez del caso, con la finalidad de retrasar el proceso
según aseguran abogados y familiares, fue designado posteriormente director
de Derechos Fundamentales del MP.
También destaca el caso de la fiscal Yoneiba Parra, quien con Mejías
solicitó la privativa de libertad. Sin embargo, su desacuerdo con que se
dejara por fuera a los demás integrantes de la Junta Directiva del
Banco Canarias llevó a su desvinculación de la Fiscalía.
NO SE ADMITEN PRUEBAS
Una de las cosas que admiten los fiscales de la causa en privado es que, aun
cuando el Ministerio Público pudiera contar con evidencia suficiente en este
caso, la misma actuación de algunos de ellos y la evidente politización del
caso han hecho que el proceso llevado por la Fiscalía se derrumbe.
Sorprende, por ejemplo, que a pesar de que la juez Blanco decidió negar
buena parte de las pruebas de la defensa, los testigos de la Fiscalía se
contradijeron cuando llegaron al estrado. Los expertos financieros citados
por los mismos fiscales indicaron que no se había producido pérdida al
patrimonio público, ni al banco, requisito fundamental para la imputación
del delito de distracción de recursos.
Además, en el encabezado de este artículo se especifica que de este son
responsables "los miembros de la junta administradora, directores,
administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y
préstamo, institución financiera o casa de cambio". Evidentemente Arráiz,
presidente de la empresa Microstar, no entra dentro de ninguna de estas
descripciones, por lo que sus familiares recuerdan de manera reiterada que
él "no es banquero".
Emilio Berrizbeitia, abogado de Cedeño, explica que esto último sucedió
porque la participación de los acusados es distinta y se debió dividir las
causas. En este sentido también considera inadecuadas las imputaciones de "cómplice
necesario" en las otras dos acusaciones, pues estas se refieren a los
delitos cometidos presuntamente por Arráiz: "En estos casos la
responsabilidad es personalísima", argumenta.
RECUSACIÓN Y DILACIÓN
Según comenta Berrizbeitia, frente a la falta de evidencia para condenar a
Cedeño y a Arráiz por el delito de "distracción de recursos", que es el
único que los mantendría tras las rejas, la estrategia de la Fiscalía ha
sido la recusación de los jueces, así como ausentarse de las audiencias para
retrasar el proceso.
El primer juez, Ramón Flores, fue recusado por los fiscales el año pasado,
por lo que el mismo decidió su inhibición en julio de 2007.
Un caso particular siguió con la segunda jueza, Dayanhara González, quien a
los días volvió a ser recusada por los fiscales y, al demostrar intenciones
de mantenerse en la causa, fue removida de su cargo por un corto oficio (anexado
en este trabajo) de seis líneas enviado por la presidenta de la Comisión
Judicial del TSJ, Luisa Estella Morales. En este breve texto sólo se
informaba que se dejaba "sin efecto" su designación. Al retorno de las
vacaciones su destitución había sido revocada, la misma juez decidió
inhibirse y fue ascendida a juez titular.
La nueva juez, Gabriela Salazar, no pudo retomar el proceso sino hasta unos
días después. Sin embargo, la Fiscalía ya veía derrumbarse sus argumentos y
empezó a ausentarse de algunas de las convocatorias. Finalmente, el 10 de
junio pasado, cuando se esperaba la decisión de la juez, la fiscal Lissette
Rodríguez volvió a pedir la recusación de la juez por tercera vez, lo que no
está permitido, alegando una supuesta relación sentimental de Salazar y
Cedeño; la solicitud fue negada por la sala 8 de apelaciones. En el ínterin
la fiscal Luisa Fayad, quien se habría negado a firmar esta recusación, fue
descendida de fiscal nacional a fiscal del Área Metropolitana.
La reanudación del juicio se fijó para el día siguiente, pero el mismo 10 de
junio la Sala Penal del TSJ admitió un avocamiento presentado por la defensa
de Cedeño ocho meses antes, paralizando el juicio de nuevo. Hoy, otra vez,
las vacaciones judiciales detienen el proceso que tendrá que reiniciarse
luego de la decisión del TSJ.
Otro motivo de conflicto dentro del despacho que dirigía Isaías Rodríguez
fue que la evidencia también apuntaba hacia la junta directiva de Cadivi,
presidida por
Edgar Hernández Behrens. A pesar de que la misma Fiscalía estableció
relaciones entre Arráiz y Behrens, denunciadas por
Adina Bastidas, integrante del directorio de Cadivi, el Fiscal
General se negó a iniciar un proceso contra el gerente. Esto produjo la
renuncia a la institución del fiscal José Benigno Rojas, quien alegó que
Cadivi había sido "cómplice necesario" en la operación.
La esposa y el hermano de Arráiz van más allá en sus temores pues indican
que hace unas semanas las celdas de éste y Cedeño fueron allanadas en
relación con la investigación del asesinato del vicepresidente del diario
Reporte de la Economía, Pierre Gerges: "Si han pasado toda esta serie de
irregularidades procesales y, estando privado de su libertad, van y lo
allanan por un delito del que tenemos desconocimiento total, por supuesto
que tenemos miedo y queremos denunciar lo que le pueda pasar en el futuro o
que pretendan imputarle algo", indica su esposa Liz Arráiz.
ENEMIGOS EN LAS ALTURAS
Una de las interrogantes que es de más difícil respuesta es la razón que
podría tenerse desde el Gobierno para mantener tras las rejas a Arráiz y
Cedeño. En el caso de ambos se habla de distintos enemigos, todos ellos en
las más altas esferas del poder económico y político.
En el caso de Cedeño sería su amistad con
Carlos Ortega, pues en
círculos del Gobierno se rumora que el banquero ayudó al sindicalista a
salir del país, Igualmente se menciona la posible influencia de banqueros
enemigos allegados a Vielma Mora e Isaías Rodríguez.
Cedeño niega haber participado en la fuga de Ortega: "Esa no es mi filosofía,
yo era conocido del señor Carlos Ortega, pero si eso es así a mí me hubiese
gustado que me enjuiciaran por ese delito, por sospechoso o por haber
colaborado con una fuga, no por una cosa que realmente no hice y que no es...
porque lo que haces es que tienes que estar inventado delitos, torciendo
leyes, para poder mantener esta detención injusta e ilegal".
El caso de Arráiz es distinto.
Días después de su detención en Panamá, en circunstancias bastante
irregulares, el propio Presidente de la República se refirió a su caso: "Es
una presión fuerte que hay que hacer, en casos específicos, una presión, te
repito, que a veces dura años. Ahí está el caso reciente de esta empresa que
pidió dólares a Cadivi, ayer fue capturado en Panamá uno de los
presuntos implicados. Se había ido del país, libramos Interpol, le
dije al vicepresidente, llama al vicepresidente de Panamá, para evitar que
salgan los padrinos, las influencias, gente que tiene mucho dinero y compra
funcionarios, no solamente aquí en
Venezuela, en cualquier
parte del mundo y a veces desaparecen sin dejar ningún rastro".
Una fuente allegada a la investigación asegura que Arráiz mantenía una
relación sentimental con una de las hijas del Presidente y que el proceso
contra él se acentuó a raíz de la ruptura del noviazgo.
Sin embargo, Arráiz ha negado esta hipótesis de manera reiterada, indicando
que sólo conoció a María Gabriela Chávez por intermedio de su novio, el
teniente Carlos Sánchez Ocando y nunca volvió a saber de ellos luego de su
ruptura comercial con el militar. Aunque sea difícil precisar las razones de
la actuación judicial, de lo que no dudan ninguno de los involucrados,
incluso desde la Fiscalía, es que existe un "ensañamiento" contra ambos.