Gustavo Arráiz y Eligio Cedeño ocupan los calabozos 8 y 10 de la Disip. A
pesar de estar casi uno frente al otro se hablan poco, pero comparten un
mismo destino. Ambos cayeron desde los más alto hasta lo más bajo en el
escalafón de la revolución bolivariana y son acusados de haber ideado una
operación para la apropiación indebida de 26 millones 277 mil 450 dólares.
Sin embargo, a diferencia de ellos, el ex presidente de la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi), Edgar Hernández Behrens, quien aprobó
las millonarias solicitudes cambiarias de Arráiz, permanece en libertad.
El entramado financiero del caso Microstar es sumamente complicado, hasta
economistas avezados parecen tener problemas siguiéndole la pista a las
operaciones financieras que se dieron entre esta compañía, otras siete
empresas que financiaron los dólares a través de bonos y el operador
cambiario, el Banco Canarias, cuya empresa filial en el exterior terminó
recibiendo buena parte de los dólares.
De acuerdo con lo asegurado por la Fiscalía, las divisas fueron colocadas en
el mercado negro y produjeron una ganancia multimillonaria a favor de los
implicados, hipótesis que es negada de plano por el empresario y el banquero.
Arráiz y Cedeño han denunciado múltiples irregularidades en el proceso, que
ha sido atendido por unos quince fiscales. Esto ha acentuado la hipótesis de
que ambos mantienen problemas personales con jerarcas del Gobierno. En el
caso de Cedeño se habla de banqueros enemigos y sus supuestos vínculos con
opositores, en el de Arráiz de una afrenta al mismísimo Presidente de la
República, hipótesis que el joven empresario descarta desde la sede de la
Disip. De cualquier manera sólo los involucrados de manera directa se
atreven a hablar sin pedir la reserva de sus nombres.
CÓMO DESAPARECER $ 27 MILLONES
Corría 2003 y el Ejecutivo estrenaba su sistema de control cambiario con la
creación de Cadivi, aparecida en la Gaceta Oficial del 5 de agosto. No
habría que esperar mucho para que, como en tiempos de la "cuarta república",
el nuevo sistema cambiario agilizara la imaginación del mundo financiero
venezolano acerca de formas ilícitas de hacer dinero con los dólares que
entrega esta institución.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público,
esto fue precisamente lo que habría ocurrido en el caso Microstar, en el que
los fiscales que llevaron esta causa identificaron a tres actores clave en
la operación cambiaria de casi 27 millones de dólares, estableciendo
relaciones entre los involucrados: Arráiz, presidente del consorcio
Microstar; Cedeño, principal accionista del Banco Canarias; y Edgar
Hernández Behrens, presidente de Cadivi para la época.
En 2003 la empresa Microstar está más que asentada en el mercado de la
importación de piezas de computadoras, por lo que su presidente, Gustavo
Arráiz, decide seguir con su negocio, estrenando el nuevo sistema cambiario
existente en el país. Para ello realiza varias solicitudes al ente regulador
con la finalidad de obtener dólares para la importación de equipos.
El trámite para la realización de este tipo de solicitudes es complejo.
Microstar debía presentar una serie de recaudos que incluía las facturas del
proveedor de la mercancía, que debían ser consignadas ante la aduana
correspondiente, trámite que necesariamente tiene que chequear Cadivi antes
de la aprobación de las divisas.
Luego de aprobada la solicitud, la empresa debe entregar el equivalente de
los dólares en moneda nacional (unos 48 mil millones de bolívares antiguos,
calculados con base a la tasa de cambio vigente de s. 1.600) y depositarlos
en un su cuenta asignada en el operador cambiario, que en este caso fue el
Banco Canarias. Éste, a su vez, traspasa los bolívares al Banco Central de
Venezuela (BCV) que, luego de verificar la operación, transfiere los dólares
provenientes de las reservas internacionales al operador para que este, a
través de su filial en los Estados Unidos, se los entregue al proveedor, que
en este caso era Intech Group, una empresa relacionada con las
comunicaciones.
Todo este trámite se cumplió en el caso de las solicitudes hechas por
Microstar. Sin embargo, luego de iniciadas las pesquisas, la Fiscalía
descubrió una serie de conexiones mediante las cuales fundamentó la
imputación de los delitos de obtención fraudulenta de divisas, contrabando
mediante simulación y, tres años después, distracción de recursos; por este
último delito fueron aprendidos Cedeño y Arráiz sin haber recibido la
imputación del Ministerio Público.
Microstar no contaba con los bolívares necesarios para la realización de la
transacción, por lo que Cedeño, según relata su abogado Emilio Berrizbetia,
decidió gestionar el financiamiento de los dólares a través de empresas
conocidas por él, teniendo como garantía la aprobación de los dólares por
parte de Cadivi. Así es como siete empresas financiaron la transacción a
través de operaciones de reporte hechas con bonos DPN (de la deuda pública),
con la promesa de que recibirían un pago superior en bolívares una vez hecha
la transacción.
Estas empresas fueron Inversiones Fieva 124, Inversiones Fieva 125,
Inversiones Tadeo 123, Inversiones Gioma 125, Inversiones SH 26, Inversiones
Vanaresi 48 y Representaciones Paulov. Durante el proceso judicial Cedeño
admitió haber sido dueño de las dos últimas hasta dos años antes del control
cambiario y mantener una relación con Giomar Fratipiertro, quien aparece
como representante de Gioma, Fieva 124 y 125, Tadeo y Paulov, y actualmente
se encuentra prófuga de la justicia. Además, según consta en el expediente,
estas empresas recibieron cheques a mediados de 2003 provenientes del Banco
Canarias y llevaron a cabo operaciones multimillonarias entre sí, durante el
año de la operación.
Sobre este tema, en comunicación telefónica desde la Disip, el propio Cedeño
alega que estas empresas no estaban relacionadas con el operador cambiario y
que en todo caso el delito que le imputó la Fiscalía es incorrecto: "Aunque
hubiesen sido relacionadas entonces el delito no es `distracción de fondos"
sino apropiación indebida de créditos y esas empresas no hicieron
operaciones de crédito con el banco y si las hubiesen hecho el artículo es
claro, dice que se tiene que originar un daño al banco. Entonces la Fiscalía
lo que hace es que inventa el famoso delito de distracción (de recursos)
para poderme tener detenido durante el juicio".
Por su parte, Arráiz alega que la tramitación de estas facturas ante el ente
financiero fue hecha por un socio comercial de nombre José Eleuterio Chacón.
La investigación de la Fiscalía pone en duda la existencia de Chacón, quien
fue querellado por Arráiz en 2003 y cuyo paradero actual se desconoce.
Mientras, las autoridades del Seniat veían pasar los días, sin que la
mercancía llegara a Venezuela, lo que terminó de levantar sospechas sobre la
operación cambiaria.
DESCONTROL EN CADIVI
Según el expediente, esta operación se inicia con la redacción de un oficio
por parte del superintendente del Servicio Nacional de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat), José Gregorio Vielma Mora, el 23 de octubre
de 2003, en el que solicitan a Cadivi "los documentos que amparan las
operaciones realizadas por la empresa Consorcio Microstar C.A.".
Sin embargo, lo que definitivamente prendió las alarmas en el Gobierno
nacional fue una comunicación, siete días después, del agregado de Aduanas
de la embajada de EEUU, Gerardo Chávez, indicando que se había entrevistado
con el gerente general de Intech Group, el proveedor, quien aseguró "que la
factura (...) no pertenecía a su empresa y que desconocía el origen de dicha
factura".
Esto hace que Vielma Mora forma lice la denuncia del caso el 4 de noviembre
ante la Fiscalía y que dos años después se produzcan las imputaciones contra
Gustavo Arráiz y Arturo Arráiz, presidente y director de Microstar,
respectivamente; también contra Eligio Cedeño, Antonio Saturno, Álvaro
Gorrín y Omar Pernía, miembros de la directiva del Banco Canarias.
El 8 de diciembre de 2003, el funcionario estadounidense suscribió otra
comunicación a las autoridades venezolanas, en la que indica que los dólares
habían pasado de Intech Group hasta Cedel Internacional Investment, una
firma de la que es accionista Cedeño. En el texto se lee que dos depósitos
que suman 20.919.780 dólares fueron traspasados de una cuenta del New York
CitiBank "a una cuenta (...) de la empresa Intech Group, y posteriormente a
la cuenta de la empresa Cedel International Investment LTD, constituida bajo
la Ley de Compañías de Negocios de las Islas Vírgenes Británicas".
Sobre esto Cedeño aseguró que se trata de una comunicación que respondía a
una solicitud del Seniat: "Atendiendo esa denuncia, un organismo de Estados
Unidos le pregunta a Sudeban sobre esta transferencia que salió del Banco
Canarias para la cuenta de Intech Group y posteriormente a la cuenta de
Cedel International, pero él lo pregunta porque así es que lo denuncian.
Pero la verdad no fue esa", y agrega que efectivamente se le transfirió a
Cedel un monto cercano a los 20 mil dólares, cuya procedencia desconoce, y
que fue devuelto a Microstar, pues este representaba la garantía en dólares
dada por la empresa de computación al operador cambiario.
A pesar del escándalo que debió generar esto en el alto Gobierno y el Poder
Judicial, no fue sino hasta el 29 de septiembre de 2004, casi un año después
de que el Seniat lo solicitara, que el presidente de Cadivi envía a la
Fiscalía copia de los 16 expedientes correspondientes al consorcio Microstar.
Sin embargo, estos llegan con una particularidad, según dice el propio
Behrens: "Se informa que por error material las solicitudes N° 23245, 53820,
54092 y 65260, por un monto de 11.811.480,00 US$, 1842.800,00 US$,
2.714.870,00 US$ y 9.908.300,00 US$, respectivamente, correspondientes a la
empresa Microstar, C.A., no fueron debidamente registradas en las actas de
la Comisión", precisamente las cuatro transacciones hechas con el Banco
Canarias.
Esto inmediatamente guió la investigación hacia los integrantes de la junta
directiva de la institución cambiaria conformada por Edgar Hernández
Behrens, Adina Bastidas, Mary Espinoza de Robles y Maigualida Angulo,
quienes habrían aprobado las solicitudes hechas por esta empresa sin haber
chequeado la documentación entregada por Microstar. Incluso, en una
sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la que se
declaraba con lugar un avocamiento solicitado por Cedeño, el ponente Eladio
Aponte Aponte aseguró que de la investigación "se infiere que los
funcionarios de la Comisión de Administración de Divisas (...) omitieron
realizar y solicitar la investigación correspondiente" y exhortaba al
Ministerio Público a investigar.
Una fuente que participó activamente en la investigación, y pidió la reserva
de su nombre, indicó que en la Fiscalía se consiguió un nexo inmediato entre
Arráiz y Behrens: ambos son evangélicos, y aunque esto no los haga
inmediatamente sospechosos, lo que sí pareció irregular es que Arráiz habría
realizado varias donaciones a organizaciones religiosas en las que
participaba Behrens. Como prueba señala una constancia de venta (que se
anexa en este trabajo) de una finca a la "Fundación Evangelística Impacto de
Dios en el Mundo", de la que forma parte el presidente de Cadivi, con dinero
de la empresa Microstar, como habría sido asentado en la parte inferior del
documento de puño y letra del propio Behrens. Este nexo incluso fue
ratificado por Adina Bastidas, quien en su declaración ante el Ministerio
Público aseguró lo siguiente: "Me enteré de que incluso habían solicitado al
proveedor de Estados Unidos la verificación de facturas y detectaron que las
importaciones (de computadoras) no se realizaron.
Tuve información de que Microstar financiaba a grupos religiosos evangélicos
a los que pertenecía Behrens", por lo que se negó a firmar estas solicitudes
y agregó que había denunciado ante la Fiscalía y la Vicepresidencia que el
gerente "maquillaba" los informes financieros de la institución. Cuestionado
sobre esta relación, Arráiz aseguró que nunca ha conocido a Behrens: "Esa
organización vino a pedirme dinero, pero yo noté que era una estafa y no se
lo di".
BEHRENS PROTEGIDO
El fiscal general Isaías Rodríguez, por "órdenes de arriba", según confirma
la misma fuente, se negó a imputar a Behrens. Esto produjo entre otras cosas
la salida del fiscal José Benigno Rojas del Ministerio Público, quien en una
declaración publicada el 22 de noviembre de 2006 en el diario Últimas
Noticias asegura que presentó un informe a Rodríguez en el que solicitaba
imputar a Behrens, Robles y Angulo, pero "el Fiscal (General) se negó", lo
que terminó con su renuncia a la institución.
Otros fiscales también habrían chocado con este muro; aproximadamente, la
mitad de los funcionarios que participaron en este caso ya no forman parte
de la Fiscalía.
Este escándalo produjo la salida de Behrens de Cadivi y posteriormente de
Bandes y Banfoandes, bajo rumores de posible imputación. Hasta la fecha no
existe ningún proceso abierto en su contra por parte de la Fiscalía.
Igualmente queda como una gran interrogante la razón por la cual no se dictó
medida privativa de libertad contra los demás integrantes de la junta
directiva del Banco Canarias: Saturno, Gorrín y Pernía.
Lo cierto es que Arráiz y Cedeño fueron los únicos apresados por las
autoridades. Cumplen ya año y medio presos sin que hasta la fecha se les
haya procesado, lo que ha generado rumores sobre las razones que podría
tener el Ejecutivo para mantenerlos tras las rejas.
Desde la Fiscalía, se habla de que sus enemigos -entre ellos varios
banqueros- así como su relación con el dirigente Carlos Ortega habrían
convertido a Cedeño en objetivo del Gobierno. En el caso de Arráiz, la
fuente confirma el rumor de que la ruptura de una supuesta relación
sentimental con una de las hijas del Presidente lo condenó.
Sin embargo, desde el calabozo de la Disip, y "sin razones para mentir", el
mismo empresario niega esta versión, asegurando que tan sólo conoció a María
Gabriela Chávez a través de un socio de trabajo: "La conocí en 2001 por
intermedio de Carmencita Padrón. Luego ella se hizo novia del teniente
Carlos Sánchez Ocando, que era empleado mío y por eso nos vieron, siempre
con él, como en dos discotecas". Luego, dice, tuvo un conflicto laboral con
Sánchez y nunca más tuvo contacto con la hija del Presidente.
Como sea, una de las pocas cosas en las que coinciden Arráiz y Cedeño es en
que hay las irregularidades procesales de su caso.
Entre éstas, mencionan la recusación hasta en cuatro oportunidades de los
jueces que llevan la causa: la constante interrupción del juicio; la
aprehensión de ambos por un delito que no había sido imputado; la premiación
de los fiscales que siguieron las "instrucciones" del Ejecutivo; la
inclusión de una nueva imputación a tres años de los sucesos para apresarlos
y, en el caso de Arráiz, un "secuestro" judicial en su traslado desde
Panamá.
