Comenzó juicio Microstar con atraso de más de un año
Crisis penitenciaria es por los reiterados
e injustificados retardos judiciales
El día lunes 31 de marzo de 2008, se dio finalmente inicio al juicio oral y público seguido en contra del Sr. Eligio Cedeño y Gustavo Aráis, por los hechos relacionados con el caso que se ha denominado en la opinión pública "Microstar".
La representación fiscal en el referido caso esta encabezada por los abogados Lisette Rodríguez Penañanda, fiscal 56 Nacional con competencia nacional, Luisa Fernanda Fayad, fiscal 36 nacional, Jesús Gerardo Peña Rolando, fiscal 66 nacional y Alejandro Castillo Soto, fiscal 5 ante la Sala de Casación, acudiendo al acto también la representación de la Procuraduría General de la República, cuya presencia ha sido cuestionada por la defensa de ambos acusados durante el transcurso del juicio.
No se justifica disponer de los recursos del Estado, como los fiscales del Ministerio Público, para un caso que su complejidad no da para haber asignado cinco fiscales del ministerio público y dos de la procuraduría. Quedando acéfalos el resto de los casos asignados a esos fiscales, como las fases de juicio.
La crisis penitenciaria existente en el país se deben al retardo judicial, producto de que los fiscales no asisten a las audiencias, ni a los juicios, por motivos intencionales políticos o porque en un mismo momento día y hora tiene que atender tres y cinco casos. En consecuencia hay un hacinamiento de la población que está esperando que le hagan una audiencia para determinar si van a juicio o no o que se haga el juicio como tal.
Según afirman los abogados defensores de Eligio Cedeño, el caso Microstar es emblemático por el modo en que ha venido funcionando la justicia en Venezuela, donde se permite que distintos ciudadanos permanezcan detenidos sin que se cumplan los procedimientos que garantizan que la justicia sea verdadera e imparcial.
En torno al juicio del caso Microstar, el Ministerio Público asigno cinco fiscales y dos de la Procuraduría General de la República, para un caso, que muy bien pudiera llevarlo un solo representante de la fiscalía, de manera que el resto podría seguir procesando los casos que tenga en su haber. Cada uno de esos fiscales, por lo menos, tiene asignado más de 50 casos y los auxiliares de esos fiscales no los pueden asistir. Solo en las audiencias preliminares, porque no tienen la facultad para hacer juicios, obligatoriamente tiene que asistir a los casos el fiscal principal.
No se justifica que en un juicio como el de Microstar donde hay dos acusados se utilicen tantos funcionarios, suficiente con uno y en su defecto dos. Mientras en el país las cárceles están abarrotadas de gente esperando que se les haga juicio. A todas luces se aprecia que en este caso hay un interés político, no se está actuando con objetividad.
Aunado a los aspectos antes señalados en este caso a Cedeño le han sido violados, sus derechos: a ser juzgado en libertad, a ser previamente imputado, a recusar a una juez; a que se respete la ley en la atribución y vigencia de los supuestos delitos; a aceptar una fianza acorde con criterios legales; a su legítimo derecho a la defensa al no ser admitidas ninguna de las pruebas escritas presentadas en su defensa, que incluyen las que previamente había propuesto en la etapa de investigación, y además, solicitar los testimonios de los accionistas del Banco Canarias, de expertos en finanzas y del ciudadano que era Superintendente de Bancos para la fecha; lo que le impide probar su inocencia.