Sucesos

Apelarán contra detención de Silvio Mérida Ortiz

Foto ALEX DELGADO María Laya recordó que su hijo sufre de epilepsia Silvio Daniel Mérida Ortiz, de 38 años de edad, imputado en la colocación de explosivos en las sedes diplomáticas de Colombia y España en febrero pasado, a quien la jueza 11 de control, Deyanira Nieves, le dictó medida privativa de libertad, será trasladado hoy a la División de Medicina Legal para efectuarle un examen médico forense. La solicitud para que le hagan el examen la formularon ante el juzgado de la causa los abogados Guillermo Heredia y Rigoberto Quintero, en vista de que un diagnóstico suscrito por un forense de Valencia indicaba que no tenía daños físicos ni mentales. María Laya, madre del aprehendido por el Cicpc, denunció que su hijo fue torturado durante los días que estuvo desaparecido. Lo colgaron de un techo por varias horas, le colocaron electricidad en los pies, tiene laceraciones infectadas en las muñecas, quemaduras de cigarrillo y golpes en todo el cuerpo. Durante los maltratos le preguntaban si él era “el Catire” –un militar de la plaza Francia que buscan por la muerte de los soldados –, si los oficiales disidentes estaban implicados en la colocación de los explosivos y si había planes insurreccionales. Ella lo visitó el sábado en la Disip y dijo que está más tranquila ahora. Recordó que su hijo, que sufre de epilepsia, tuvo cuatro convulsiones y no recibió atención médica cuando estuvo en poder de un grupo de individuos armados, que se sospecha que son policías. Laya anunció que hoy irá al Cicpc para conocer la versión que tiene este organismo policial sobre la desaparición de su hijo. “Ya en el tribunal me dieron una versión; ahora quiero conocer la de ellos. Se comentan varias versiones sobre su ubicación, que si estaba en una churuata tomando cerveza, que si estaba vagando por la autopista. Esto es grave, supuestamente estaba secuestrado y aparece golpeado, primera vez que esto ocurre con un plagiado”, agregó. Los abogados Guillermo Heredia y Rigoberto Quintero acudirán hoy al Tribunal 11 de Control para apelar de la decisión de la jueza Nieves, que dictó medida privativa de libertad a Mérida Ortiz por los delitos de intimidación pública, conspiración, daños a la propiedad y agavillamiento. Los únicos detenidos por el caso de las explosiones son Luis Chacín, apodado “Armadillo”, y el técnico en computación. Una fuente se refirió a la supuesta existencia de un video en el que Mérida Ortiz habría confesado su participación en la colocación de bombas. Al respecto fue consultado el criminólogo Javier Gorriño, quien manifestó que toda confesión obtenida bajo tortura no tiene validez jurídica. Indicó que es un caso similar al de las grabaciones telefónicas que algunos diputados han difundido. “Eso sólo tiene un fin publicitario, porque no tienen la autorización de un juez”, explicó. Trascendió que el Cicpc habría localizado la tipografía donde imprimieron los panfletos difundidos durante las explosiones en las sedes diplomáticas de Colombia y España y en las adyacencias de la residencia oficial del gobernador Enrique Mendoza. Al parecer determinaron que los volantes tienen origen común. La madre de Mérida Ortiz relató a los periodistas que no sabe la hora en la cual el Cicpc encontró a su hijo, en Valencia, pero explicó que el viernes a las 11:00 am la llamó un funcionario y le dijo: “Señora María, tengo a su hijo, tranquilícese que está en la PTJ, se lo voy a poner”. Enseguida ella pudo hablar con él. El mismo funcionario le manifestó que podía ir a la sede de Parque Carabobo. Pero no había pasado una hora, cuando recibió una llamada del Tribunal 11 de Control, durante la cual le dijeron que su hijo estaba en ese juzgado y que debía presentarse con sus abogados. A las manos de María Laya nunca llegó el video que grabaron con su hijo para demostrarle que éste estaba bien y luego pedir el rescate. A ella siempre le extrañó que si se trataba de un plagio no pidieron dinero para liberarlo. Los testigos del hecho, cuando se llevaron a Mérida Ortiz de la planta baja del bloque 7 de El Silencio, nunca fueron citados para elaborar los retratos hablados de los autores. Al técnico en computación le robaron un cheque por 1,8 millones de bolívares, 200 dólares y la tarjeta de débito. “No sé en qué situación estamos viviendo en el país”, manifestó la madre del detenido.