Magnicidio olvidado

Era una gran manera de cerrar el año. La denuncia más fuerte, un elemento para movilizar a posibles votantes dudosos: la oposición quería matar al Presidente -otra vez- y el proyecto homicida fue develado primero, cómo no, en directo por VTV.

Cayeron los conspiradores, los supuestos magnicidas. Y en lugar de uno o dos F-16 acechando sobre Caracas, tuvimos elecciones el 23 de noviembre y pasó lo que pasó: Hugo Chávezno perdió tiempo para solicitarle a todos en el Gobierno que empezaran a trabajar por la enmienda que le permita la ansiada reelección indefinida. Así que, al parecer, nada más importó ni importará hasta nuevo aviso. Y el trabajo sobre el delicado asunto del magnicidio de la comisión de diputados capitaneada por Mario Isea quedó en uno de esos limbos criollos en los que llegan a convertirse las gavetas de la Fiscalía.

Las denuncias podrían terminar ahí: en vehementes declaraciones, señalamientos de culpabilidad fundados, otros escasamente fundamentados, acusaciones y teorías de la conspiración recogidos en un volumen de fatigoso título presentado en noviembre: "Informe de la Comisión Especial para Investigar la Conspiración y Organización del Golpe de Estado y Magnicidio en contra del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez".

Isea y sus colegas no sólo abandonaron toda pesquisa, incluyendo el reciente affaire Puerto Rico: la Asamblea Nacional en pleno -con obvias excepciones- decidió que la patria los llama a dejar sus puestos de trabajo para sumarse a la campaña por el Sí. Lo demás, que espere.

En el papel La lectura del documento presentado por la comisión reafirma, por una parte, todo lo que se supo desde que el 10 de septiembre pasado el conductor del programa La Hojilla encontró -según contó entonces- en su buzón de correo electrónico la grabación en la que un grupo de militares conversaban sobre ejecutar un golpe de Estado y esa misma noche lo sacó al aire: así se enteraron en la Fuerza Armada Nacional y en la madrugada del 11, el Ministerio de la Defensa ordenó la actuación de la Fiscalía Militar que ya ha producido algunas detenciones.

Por otra parte, más allá de esas pruebas contra los militares retirados, el grueso de este legajo evidencia clara intención de identificar a los medios de comunicación independientes -además, por supuesto, de figuras de la política y la empresa privada- como los agentes necesarios de lo que se presenta como una componenda permanente para eliminar la figura y obra de Hugo Chávez.

Es ahí donde está el acento del informe sin que medie suficiente evidencia de conexión entre esos que hablaban de vuelos de aviones de guerra y de tomar Miraflores y el resto de las personas a las que se endilga participación en la planificación de un crimen de semejante naturaleza.

Ya en su declaración de objetivos, la comisión identificaba culpables antes de empezar a investigar: "Precisar los vínculos de sectores civiles: Movimiento 2D, medios de comunicación y difusión, algunos voceros de gremios, élites empresariales y actores políticos con doble agenda, con los militares comprometidos en la conspiración y magnicidio denunciado".

Para "precisar" esa conexión, se cita la transcripción de lo conversado entre las personas a quienes se identifica como los oficiales retirados vicealmirante Carlos Millán Millán y los generales Wilfredo Barroso y Eduardo Báez Torrealba, tres de los cinco uniformados implicados.

La transcripción incluida entre los anexos presenta un intercambio de opiniones sobre la posibilidad de destruir estaciones de transmisión de los canales del Estado: "(&) pero las otras que no son del Gobierno hay que mantenerlas porque tú tienes que mantener una vía de información a la gente", dice Barroso Herrera. "Sí, pero sería bueno entonces transmitir por ahí hacia fuera", le responde Báez. "Exacto, porque esa llega afuera y Globovisión también, llega afuera también", acota el mayor Labarca Soto. A lo que responde Millán Millán: "Esas son fuerzas amigas".

Esto permite a los miembros de la comisión aseverar que los militares, entre otras cosas, establecen que "los medios privados son fuerzas amigas (supone la participación de más de un medio) e identifican especialmente a Globovisión".

Una experticia -9700-228-DFC-1635-AVE-442- que aparece firmada por los expertos, detectives Kenzie Sotillo y Lisay Gómez -y que no es citada en el informe- recoge lo que sería la transcripción completa de la grabación.

Este otro documento no sólo refleja una secuencia distinta en la conversación, sino que en medio de ese intercambio de ideas -a veces confuso y torpe- los militares comienzan hablando de destruir los sistemas de transmisión de las televisoras controladas por el Gobierno manteniendo las privadas para usarlas en la difusión de sus mensajes a la gente; luego encuentran que es mejor tomarlas todas y aparecer ellos mismos en los canales oficiales como medida efectista y concluyen que hay que tomar VTV y Globovisión y controlarlos para "transmitir por ahí hacia afuera" y hasta para evitar presencias indeseadas: "El problema es que vaya un político loco a hablar por ahí", dice una de las voces. Y más adelante le responden: "Le metes un coñazo y lo sientas allá...".

Otra orden La comisión no se ahorra señalamientos contra los medios y redunda en la tesis de que la prensa busca "crear las circunstancias objetivas y subjetivas para lograr un fin superior, la desestabilización, el golpe de Estado y el magnicidio". Y califica a "estos dueños de medios" (Alberto Federico Ravell, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier, Nelson Mezerhane y Rafael Poleo) como "actores mediatos en el engranaje del complot que se viene ejecutando".

En una serie de párrafos en los que los acusan de atentar contra el honor del primer mandatario advierten que "quienes dirigen el medio vienen cometiendo delitos de forma sistemática". ¿Cuáles son esos delitos concretos? No se dice. ¿Por qué no hay un proceso formal si está tan probada la comisión de delitos?

Tan clave es la "conspiración" mediática en el imaginario de los diputados que en sus recomendaciones finales, de los ocho puntos que contempla sólo uno está dirigido a exhortar a la Fiscalía Militar a que profundice las investigaciones en la Fuerza Armada y cinco -la mayoría- están relacionados con la actividad de los medios de comunicación y sus directores o propietarios.

En concreto, recomiendan a la Fiscalía investigar a estos civiles (incluyendo a Diego Arria, Raúl Isaías Baduel, Manuel Rosales y al presidente de Fedecámaras, José Manuel González) y en cinco puntos le piden a Conatel sanciones para "los medios de comunicación privados" que estén violando la Ley Resorte; a la Defensoría del Pueblo que proteja a la gente de "los mensajes discriminatorios y lesivos de la paz social y el bien común, emitidos por los medios de comunicación social"; y hacer una "revisión profunda de la legislación administrativa y penal vigente" para que los medios respeten a las instituciones, al Presidente y no queden impunes los casos en los que se les utiliza para la conspiración.

"(...) ellos saben que están comprometidos en el complot", dice en la página 90, como corolario de una larga queja sobre cómo televisoras y diarios, a su entender, desmerecieron tanto la denuncia inicial de La Hojilla como la propia investigación de los diputados. Y dice que procuran "distraer la atención del colectivo con la selección de otras informaciones distorisionadas para imponer la agenda pública (la inseguridad personal, fallas eléctricas por ineficiencia del Estado, corrupción, narcotráfico, etcétera) y desviar la atención de la opinión pública y del Estado...". El informe utiliza una cita de Ravell, del 24 de septiembre de 2008, como evidencia de su perfil de conspirador: "Dentro de un ratico esta página (magnicidio) la vamos a pasar y vamos a seguir hablando del maletín, de la computadora, de la delincuencia, las calles de Caracas están bañadas en sangre". Su predicción se cumplió a medias. No fueron Antonini ni las FARC las que hicieron pasar la página del magnicidio: fue la enmienda, al menos por ahora.