José
Luis Tamayo, abogado defensor de los comisarios Vivas,
Simonovis y Forero y de los ocho funcionarios de la Policía
Metropolitana acusados por los hechos del 12 de abril del 2002,
dijo que esperarán hasta el próximo martes la decisión de la
jueza que lleva el caso pero que “ahora sí confiamos y vemos
con mucha más claridad” la resolución del juicio en beneficio
de los acusados.
Tamayo dice
que en el artículo 4 del decreto-Ley de Amnistía habla que no se
beneficiarán las personas que hayan incurrido en una violación
grave de Derechos Humanos y según una decisión del Tribunal
Supremo de Justicia, cuando se pidió un amparo por los
funcionarios de la PM, en los hechos del 11 de abril no hubo
violación grave.
Por tal razón
“se le haría cuesta arriba a la jueza determinar que hubo
violación grave de los derechos humanos porque tendría que pasar
por encima de la sentencia del TSJ y de la propia constitución”,
afirmó el abogado.
Además,
Tamayo dijo que desde la Fiscalía “no hubo contestación
contundente de nuestros alegatos. Ellos se están quedando
desarmados”.
Cuando se le
consultó sobre si aplicándole la Amnistía a los comisarios Venezuela
quedaría al margen de la Ley Internacional, el abogado alegó la
decisión que “el congresillo” emitió en el año 2000 cuando
“sobreseyó a los militares del 4 de febrero y del 27 de
noviembre de 1992, y en ese caso hubo más muertos y heridos que
en el 12 de abril y no quedamos fuera de la ley”.
Por su parte, Roger López, abogado de los ocho policías
metropolitanos detenidos, indicó que en la audiencia, que tuvo
una duración de 5 horas, se explicaron con fundamentos jurídicos
que los entes jurisdiccionales, así como el Ministerio Público
(MP), no pueden interpretar como violación de derechos humanos
los sucesos de abril de 2002.
“Cualquier delito de lesa humanidad o de violación de derecho
humanos requiere de un acto de la Asamblea Nacional (AN), no puede
venir a interpretar el Ministerio Público los delitos como
violación de derechos humanos”, explicó López.
Roger López sustentó su idea al señalar que para poder
calificar cualquier delito como violación grave de derechos
humanos se requiere de una Ley previa.
Yajaira de Forero, esposa de Lázaro Forero, dijo que los once
detenidos se encuentran optimistas, cuando el próximo martes se
decida la aplicación de la Ley Especial de Amnistía en sus
respectivos casos.
“El ánimo de los funcionarios es de optimismo, fortaleza y
esperanza para que el día martes puedan salir en libertad después
de tres años los comisarios y los 5 años que llevan estos policías
privados de libertad”, dijo.