Miami (EE.UU.), 3 abr (EFE).- Un grupo venezolano de derechos humanos de Miami calificó hoy de "censurables y vergonzosas" las condenas de policías acusados de asesinar a manifestantes en las protestas que precedieron al golpe de Estado contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, en 2002.

La Venezuela Awareness Foundation (AWF) señaló en un comunicado que el juicio y la sentencia contra tres comisarios y seis policías metropolitanos demostraron que "los presos políticos son sometidos a procesos judiciales donde se violan los principios básicos de la Constitución por causas estrictamente políticas".

Una jueza venezolana condenó a 30 años de cárcel a los comisarios de la Policía Metropolitana Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis, según informó en Venezuela Antonio Molina, abogado de las víctimas del 11 de abril de 2002.

También fueron condenados a 30 años de prisión dos agentes de ese cuerpo policial, otros cuatro recibieron sentencias de entre 17 y 3 años, y dos fueron absueltos.

"La juez Marjori Calderón se apartó de la ley para emitir una sentencia política y no jurídica contra funcionarios inocentes que cumplieron con su deber al evitar un número mayor de muertes y heridos en esos sucesos (del 2002)", dijo Patricia Andrade, presidente de la AWF.

Andrade, una abogada estadounidense, había elevado los once casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la activista, la Fiscalía venezolana "nunca mostró un solo elemento probatorio" contra los acusados.

"Los venezolanos y los defensores de derechos humanos seguiremos reclamando justicia contra los hoy sentenciados, y los muertos y heridos en esos sucesos", afirmó.

Carlos Fernández, ex presidente de la patronal Fedecámaras, consideró las condenas de 30 años como "insólitas" y afirmó que en su país no hay justicia, al tiempo que se está instaurando un régimen "autócrata, militarista, castrista, y las directrices provienen de Cuba".

"En Venezuela no hay justicia, sino una aplicación de penas dirigidas desde la silla de Miraflores (Palacio de Gobierno) de Hugo Chávez", aseveró a Efe el empresario, acusado en Venezuela de instigación a delinquir por convocar un paro contra el Gobierno.

Advirtió que "en Venezuela no hay democracia, ni habrá oportunidades para nadie, incluyendo a los que hoy están con el régimen y que mañana puedan disentir".

En los sucesos del 11 de abril de 2002 fallecieron unas 19 personas y hubo decenas de heridos en una gran marcha opositora en Caracas contra el gobernante venezolano.