El programa federal Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, se activará en todo Florida.

El programa ha sido cuestionado en el país por organizaciones pro inmigrantes al considerar que se presta para abusos.

Hasta el momento éste se implementaba en más de diez condados de Florida, pero ahora funcionará a nivel estatal, anunciaron la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento del Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Con el uso de un sistema de tecnología biométrica compartida con cada condado de Florida, las autoridades ayudarán a los agentes de Inmigración a identificar a los extranjeros, que estén legalmente o no en Estados Unidos, cuando se encuentran bajo custodia de las autoridades.

"El programa maximiza el uso de la tecnología para intercambiar información importante para la seguridad pública", dijo Gerald Bailey, comisionado de FDLE.

Comunidades Seguras es una iniciativa de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) que han modernizado el proceso que se utiliza para identificar y deportar a los delincuentes extranjeros.

Antes, cuando una persona era arrestada sus huellas digitales eran investigadas en un sistema de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Con el programa ahora las huellas son verificadas automáticamente tanto por el sistema del FBI como por el Sistema de Identificación Automatizado Biométrico (IDENT) del DHS.

Si las huellas de un individuo concuerdan con una persona en el sistema del DHS, el proceso automatizado notificará al ICE y a la agencia que haya sometido las huellas a análisis.

ICE evaluará cada caso para determinar el estatus migratorio de la persona y tomar la acción legal apropiada, esto incluye a "extranjeros que están con estatus legal y aquellos que no tienen autorización".

Una vez identificada la persona mediante las huellas, ICE procederá contra aquellas extranjeros que han sido acusados o convictos de delitos graves como tráfico de drogas, asesinato, violación y secuestro.

"Compartir esta herramienta en Florida, mejora la seguridad pública porque permite al ICE prevenir la liberación de extranjeros delincuentes y que regresen a nuestras comunidades cuando cumplen con sus condenas", afirmó John Morton, subsecretario del ICE.

Con la expansión del programa en el estado de Florida, ahora ICE lo utiliza en 392 jurisdicciones en 23 estados.

El sistema biométrico ha permitido a nivel nacional a las autoridades de Inmigración deportar desde octubre de 2008 a más de 8.500 extranjeros con antecedentes penales de nivel 1: asesinatos, violación y secuestros.

También a 22.000 extranjeros convictos por delitos de nivel 2 y 3: robo y otros delitos serios contra la propiedad.

Por otro lado, activistas pro inmigrantes y de derechos humanos de Miami rechazaron este martes la intención de algunos congresistas de Florida de presentar un proyecto de ley similar al aprobado en Arizona que criminaliza a las inmigrantes indocumentados en EE.UU.

Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante (CODI), calificó de "desastrosa" la polémica ley 1070 de Arizona que sería la primera en el país en convertir en delito la presencia ilegal en ese estado y otorgar funciones de agentes de inmigración a la Policía local, entre otros aspectos.

"Rechazamos rotundamente que el estado de Florida se convierta en uno parecido a Arizona con una ley desastrosa", dijo Pereira.

El activista consideró que "todo esto es un teatro político dañino. Lo mismo sucedió en Arizona con la gobernadora Jan Brewer que no levantaba sus números (en la campaña electoral) hasta que comenzó a hablar de la ley".

Varios congresistas del Partido Republicano de Florida preparan un proyecto de ley siguiendo las bases del aprobado en Arizona, según informó el diario St. Petersburg Times recientemente.

William Snyder, representante republicano estatal por Stuart, en la costa este del estado, dijo que bajo la propuesta de ley la policía tendrá poder para pedir a las personas sospechosas prueba de su residencia legal.

"Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar", dijo el congresista que presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre próximo.

Snyder, un ex policía de Florida, está en campaña para retener su escaño en la Asamblea Legislativa estatal por un segundo periodo en las elecciones de noviembre próximo.

"El número de votantes en su comunidad son principalmente blancos y por eso usa ese tono político que es dañino (para los inmigrantes)", dijo el director ejecutivo de Codi.

Agregó que "en el periodo electoral se puede escuchar de todo, pero llevar a cabo esto, es una locura".

La iniciativa de Snyder cuenta con el respaldo de los dos principales candidatos republicanos a la Gobernación del estado: el empresario Rick Scott y el procurador general de Florida, Bill McCollum, cuyo despacho ayuda en la redacción del proyecto de ley, según el legislador.

Pereira dijo que los activistas se opondrán a este proyecto y para ello trabajarán junto a algunos empresarios de Florida, como la Asociación de Pequeños Empresarios de la Pequeña Habana, en el condado de Miami-Dade.

Por su parte, Patricia Andrade, presidente de Venezuela Awareness Foundation, una organización de derechos humanos, envió una carta a Snyder y McCollum en la que rechaza el proyecto de ley.

Arguyó que presuntamente se cometen abusos contra los inmigrantes en general cuando las autoridades realizan algún tipo de procedimientos legal y se enfocan más en aquellos que "tienen aspecto latino".

La activista también envió cartas a los congresistas republicanos por Florida ante el Congreso federal, Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln y Mario Díaz-Balart.

"La Ley de Arizona ha traído consecuencias que no solo tienen que ver con los indocumentados, ha provocado una ola de sentimientos contra los inmigrantes, trato discriminatorio y más violaciones a los derechos humanos", aseveró Andrade.

Tennessee busca indocumentados en las cárceles

Por otra parte, las cárceles de Tennessee cuestionarán el estado migratorio de los detenidos y reportarán a inmigración a los indocumentados bajo una ley firmada por el gobernador a pesar de la oposición de grupos civiles y agencias del orden público.

El gobernador demócrata Phil Bredesen, afirmó en un comunicado que aunque "tenía dudas acerca de la legislación", la misma establece "un sistema de verificación similar al existente en las más grandes ciudades del estado que yo apoyo".

Al menos dos condados de Tennessee cuentan con el programa de inmigración 287g y otros tres con Comunidades Seguras, que determinan la situación migratoria de los reos en los centros de detención.

Grupos como la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición de Derechos de los Inmigrantes Refugiados de Tennessee (TIRRC) habían urgido a Bredesen vetar la medida argumentando que promueve el "perfil racial".

La SB1141/HB 670 demanda a los centros de detención enviar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la información de los reos que no puedan comprobar, al momento de su detención, su situación migratoria.

"Todos queremos soluciones al sistema migratorio quebrantando pero esta ley lo complica y crea una situación difícil para los alguaciles, que sin entrenamiento y sin acceso a las bases de datos federales, tratarán a los extranjeros como sospechoso de ser ilegales", afirmó en un comunicado Stephen Fotopulos, director de TIRRC

Según la legislación, que entrará en efecto el 1 de enero de 2011, los carceleros deberán inspeccionar los documentos migratorios como visas de estudiantes, turistas y asilos políticos de los detenidos y comprobar su legalidad.

Al respecto, la ACLU apuntó que ahora los residentes de Tennessee deberán portar "sus documentos todo el tiempo" para comprobar su estado migratorio en el país como sucederá muy pronto en Arizona.