Reciban un cordial saludo. Soy la esposa del Gral. Delfín Gómez Parra, quien ha sido acusado por supuestos hechos irregulares en el Central Azucarero de Barinas.

En primer lugar quiero aclarar que mi esposo no formaba parte de la junta directiva del Central Azucarero, su función era llevar a cabo un convenio entre el 6º Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el CAAEZ. Las obras que correspondían a dicho convenio fueron ejecutadas, terminadas y entregadas, tanto así, que las mismas fueron presentadas en un Expoejército. Por lo anterior, queda claro que el presupuesto asignado para la ejecución de dichas obras está plenamente rendido y justificado en las cuentas del 62 Regimiento de Ingenieros el cual era comandado por mi esposo. Para la ejecución de dichas obras la junta directiva del CAAEZ, seleccionó las empresas que iban a ser contratadas por el 62 Regimiento, y le entregaba los pagos por obra ejecutada, luego de que el Departamento de Inspecciones verificara la culminación de la obra.

Todo este problema comienza cuando una empresa manifiesta que el 62 Regimiento le adeuda un monto mil millonario. Resulta que esa empresa no ejecutó la obra que dice haber realizado y mi esposo se niega a la cancelación de la misma. Cosa que se puede corroborar puesto que la empresa no había recibido ni siquiera el anticipo para poder iniciar la supuesta obra. Por otra parte la supuesta obra cuya empresa se adjudica su ejecución, meses antes ya había sido incluso presentada hasta con imágenes en un Expoejército, siendo esta otra prueba fehaciente de quien la realizó y cuando se había culminado. No obstante, la existencia de todas las pruebas mencionadas anteriormente, el Gral Baduel, ordena el pago inmediato de la supuesta deuda al nuevo Comandante del 62 Regimiento, Cnel. Argenis Figueroa, quien cancela la alta cifra de dinero a la empresa delincuente que se adjudicó la ejecución de dicha obra.

Quién entonces originó un pago que genera un evidente daño al patrimonio nacional? El Gral. Baduel, quien pagó a una empresa que no realizó la obra en cuestión? o mi esposo quien se niega a avalar una estafa?

Ahora bien, el CAAEZ, tiene una junta directiva con su respectivo presidente, el supuesto desfalco se produce en esa institución, si embargo, como todos saben al CAAEZ, nunca se le ha hecho una experticia contable que verifique el estado de las cuentas para la gestión de Antonio Albarrán quien era el presidente del Central para el momento en el cual el 6º Cuerpo de Ingenieros tenía el convenio anteriormente descrito. Porqué el Ministerio Público nunca solicitó dicha experticia? Y respecto a la experticia contable y de obras ejecutadas, estas fueron solicitadas por el Ministerio Público para el 62 Regimiento de Ingenieros comandado por mi esposo, como instrumentos que permitirían sustentar su escrito acusatorio en contra de mi esposo. Quiero informarles que efectivamente fue así, la única prueba que utilizan es esa, el problema o delito cometido por los fiscales acusadores está, en que ese informe contable mandado a hacer por ellos mismos, dice QUE NO SE PUEDE DETERMINAR DAÑO AL PATRIMONIO PUBLICO y aun mas aclara que LOS MONTOS EN DINERO ORIGINADOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS SE  ENCUENTRAN EN LAS CUENTAS DEL 62 REGIMIENTO DE INGENIEROS.

Es decir, los fiscales Gonzalo González Vizcaya y Luz Yanibe Matínez incurrieron en el delito de mentir respecto a las conclusiones de la experticia en su acusación cuando expresan que se determina un daño al patrimonio de la nación por un monto de bolívares 3.217.651.390,91 cuando quienes elaboraron la misma nunca mencionan tal conclusión, evidentemente es un monto inventado que viene rodando desde la supuesta investigación realizada por la Asamblea Nacional , puesto que no existen documentos que respalden esta cifra. Cual es la prueba de lo que estoy diciendo? La propia experticia contable, que a parte de ser ilegal por cuanto anexan documentación y recaudos que no se corresponden con la gestión de mi esposo. Es de resaltar que dicha experticia se encuentra en el expediente en el Tribunal que lleva el caso. El delito en el  que incurren estos delincuentes mal llamados fiscales, se encuentra tipificado en el Art. 317 del Código penal.

Quiero aclarar que este no ha sido el único delito cometido en este proceso puesto que el mismo ha estado plagado de vicios e inobservancia a las Leyes y a la Constitución.

La actual Jueza que lleva el caso (nombrada escasamente dos días antes de la decisión de traslado), el viernes 22 de junio del 2007 dictamina trasladar a mi esposo, quien estaba recluido en una unidad militar desde hace 15 meses (Fuerte Tavacare) ubicado en el estado Barinas, dicho Fuerte había sido designado como sitio de reclusión por un Tribunal. Es de acotar que las leyes militares establecen sitios especiales de reclusión para efectivos militares procesados suponiendo el resguardo de su integridad física, sin embargo, la jueza quien además no tenía la competencia para tomar una decisión respecto a mi esposo, porque violó el debido proceso, da una orden de traslado a otra jurisdicción (al estado Portuguesa) a una cárcel civil con delincuentes comunes y con órdenes expresas de que no se le dieran preferencias en ese recinto, que como delincuente tenía que ser recluido con delincuentes.

Dicho traslado fue hecho efectivo por miembros de la DISIP quienes maltrataron a mi esposo, se lo llevaron luego de engañar a sus abogados a quienes les dijeron que el traslado no era procedente y que no se realizaría. A los 10 minutos de retirados los abogados entraron a la fuerza y se llevaron a mi esposo a quien dejaron sin  comunicación. Dicho traslado fue llevado a cabo en horas de la noche sin la presencia de un fiscal ni un médico forense.

Debido a todos los vicios que cubren este proceso judicial, es que me atrevo a afirmar que mi esposo no se encuentra bajo los efectos de una medida privativa de libertad dictada por un ente administrador de justicia, por el contrario, se encuentra SECUESTRADO, el cual está avalado por delincuentes quienes administran un sistema de justicia rendido a los pies de la voluntad del máximo gobernante del país el Tcnel. Hugo Chávez Frias.

Por todo lo anteriormente expuesto recurro a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento un caso más de violación de derechos, de inobservancia a las leyes, lo cual se ha convertido en la característica fundamental de este Gobierno plagado de hechos de corrupción, descaradamente protegidos por nada más y nada menos que el presidente de la república de Venezuela.

Ya no se a quien acudir, ni a qué organismo pedir ayuda, por cuanto ni siquiera la propia Fiscalía militar quiere interferir en este caso.

Estoy segura de que el fin principal del traslado de mi esposo responde a la necesidad de evitar por parte del gobierno que se lleve a cabo un juicio oral y público en el cual se determine la verdad y la inocencia de mi esposo, en otras palabras, señores y señoras, yo temo por la vida de mi esposo. Muchas gracias por atender a toda mi explicación.

TAHIANNY PISANI