Nacional y Política
domingo 17 de mayo, 2009
domingo 17 de mayo, 2009
El Gobierno venezolano está aplazado en democracia representativa, de
acuerdo a los estándares que definen a este modelo de gobierno según la
Carta Democrática Interamericana suscrita por los miembros de la
Organización de Estados
Americanos (OEA).
Así lo señala el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte-IDH) y profesor de Derecho Asdrúbal Aguiar, quien ha
contabilizado más de 130 violaciones a los estándares democráticos
cometidos durante la década de gobierno del presidente
Hugo Chávez.
A Aguiar "se le hace cuesta arriba" afirmar que en el país aún existe un
régimen democrático, si se toma en cuenta que el Estado venezolano ha
incurrido en fallas no sólo en el cumplimiento de los estándares de
desempeño sino en aquellos cuyo respeto es esencial para que se pueda
calificar como democrático a un régimen.
De acuerdo a una lista recabada por el abogado son 13 los estándares que
se pueden extraer de la Carta Democrática Interamericana y de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Dichas características se pueden agrupar en cinco esenciales -respeto a
los derechos humanos, acceso y ejercicio del poder con sujeción al
Estado de Derecho, celebración de elecciones, régimen plural de partidos
y separación de los poderes públicos- y ocho que son fundamentales para
el ejercicio de la democracia -primacía de lo civil, transparencia,
probidad, responsabilidad, respeto a los derechos sociales, a la
libertad de expresión, al Estado de Derecho y a la participación.
A juicio de Aguiar, no es una exageración dudar del carácter democrático
del actual Gobierno, pues desde 1999 y hasta la fecha se consiguen
ejemplos de transgresiones sistemáticas y repetitivas a lo establecido
por la OEA.
"Una cosa es que se viole un estándar, o que un gobierno tenga una falla
o una insuficiencia democrática por deficiencias institucionales o
presupuestarias, pero es que en el supuesto venezolano no se trata de
una violación a la regla sino de una violación sistemática de todas las
reglas democráticas", sostiene el académico.
El columnista de El Universal considera más grave aún el
hecho de que pareciera que las fallas no son producto de una omisión
descuidada, sino más bien un ataque consciente y deliberado a este
modelo de gobierno. "En nuestro caso se subvierte la regla de manera
manifiesta. No se trata de una simple separación o que
Venezuela está en
un proceso de maduración democrática, sino en que ha agarrado la piñata
y se le ha caído a palos", lamenta.
A continuación, Aguiar presenta los 13 estándares democráticos con una
breve explicación sobre qué implica su acatamiento y varios ejemplos de
cómo el Gobierno nacional ha faltado en su cumplimiento.
Derechos humanos
El Gobierno debe respetar y hacer respetar los derechos y las libertades
fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos suscrita por los miembros de la ONU.
Explicación
El derecho a la vida
y a la seguridad ciudadana están comprometidos en Venezuela si se toma
en cuenta que el año 2008 cerró con una cifra de homicidios próxima a
las 14 mil 800 víctimas, dentro de un cuadro sostenido de impunidad que
no es resuelto por el Estado. Cabe destacar que el Gobierno desconoció
el informe emitido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este año.
Partidos políticos
El Gobierno tiene que garantizar y fortalecer la existencia de un
régimen plural de partidos y organizaciones políticas, el cual disponga
de reglas claras sobre el financiamiento de sus actividades.
Explicación
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibe financiamiento
público a pesar de que esto está prohibido por el marco jurídico vigente
a todas las organizaciones políticas. Otro ejemplo es que, si bien la
Constitución prohíbe que los funcionarios públicos estén al servicio de
una parcialidad política, las altas autoridades del Gobierno comparten
funciones partidistas con el ejercicio de su cargo.
Probidad
Un gobierno democrático debe investigar oportunamente y con celeridad
todos los presuntos hechos de corrupción que ocurran en el país. Quienes
perpetren estos delitos deben ser sancionados.
Explicación
Tanto la Contraloría como la Fiscalía General de la República no han
indagado con ahínco a las personas implicadas en el caso del maletín
retenido al empresario Guido Antonini, mientras que
la Asamblea Nacional
(AN) rechazó recientemente investigar las denuncias en contra del ex
gobernador de Miranda,
Diosdado Cabello, y el alcalde de Sucre,
José Vicente Rangel Ávalos, ambos del PSUV.
Derechos sociales
El Gobierno está obligado a respetar y hacer respetar
la libertad sindical,
el derecho a trabajar, a la
seguridad social, a la salud y a la educación, así como también a
proteger a la familia.
Explicación
La agresión policial y militar a la marcha organizada por la Central de
Trabajadores de Venezuela (CTV) para celebrar el pasado 1 de Mayo el Día
del Trabajador, constituye una violación a la libertad sindical; así
como también lo es que el Gobierno se haya negado a discutir los
contratos colectivos de algunos sectores o que condicione la discusión a
que los trabajadores acepten cláusulas con un cariz político.
Primacía de lo civil
En un gobierno democrático todas las instituciones del Estado, y en
especial las Fuerzas Armadas, están subordinadas constitucionalmente a
la autoridad civil legalmente constituida.
Explicación
Mientras que en otros países el presidente es una autoridad civil que
ejerce control sobre el estamento militar, en Venezuela se modificó la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional para dar al mandatario
autoridad militar, otorgarle derecho a portar insignias y crear un
Estado Mayor Presidencial. Con esto se invierte la pirámide
estatal, donde la militarización del país y sus instituciones rompe con
el principio de subordinación a lo civil.
Ejercicio del poder
El Gobierno debe garantizar que quien ingrese al ejercicio público lo
haga mediante las normas constitucionales y legales previstas, así como
también que al ejercer su cargo acate el marco legal.
Explicación
La jefa del Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría,
accedió al poder por una vía de facto -a pesar de estar respaldada por
una norma sancionada en el Parlamento-, pues la recién aprobada Ley del
Distrito Capital no respeta el principio constitucional que establece
que no pueden existir autoridades nacionales, regionales o municipales
que no hayan sido electas mediante el voto popular.
Separación de los poderes
Los poderes públicos deben actuar de forma separada e independiente,
pues de esta forma garantizan que no exista un monopolio en las
decisiones gubernamentales y afianzan la libertad.
Explicación
Es rutina que el presidente Hugo Chávez dé instrucciones públicas acerca
de sus actuaciones tanto al Poder Judicial como al Legislativo. Hay que
resaltar el caso de la Comisión para la Reforma Constitucional -proyecto
presentado por el jefe de Estado- la cual estuvo integrada por la
presidenta del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, y la presidenta
de la Asamblea Nacional (AN),
Cilia Flores.
Respeto al Estado de Derecho
Un Gobierno democrático está obligado a velar porque todos los sectores
de la sociedad y todos los ciudadanos respeten el orden constitucional y
las leyes de la República.
Explicación
En Venezuela funcionan varias organizaciones paraestatales como son los
círculos bolivarianos, el grupo Tupamaro o el colectivo "La Piedrita"
que operan al margen de la legalidad, llevando a cabo acciones
delictivas de manera impune en contra de personalidades y organizaciones
que se oponen a la Revolución Bolivariana. Dichos grupos cuentan con la
protección de los organismos del Estado, que no emprenden acciones en su
contra.
Elecciones
Un gobierno democrático está obligado a celebrar elecciones periódicas,
libres, justas; basadas en el modelo de sufragio universal y secreto,
como una expresión de la soberanía del pueblo.
Explicación
El
Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha informado sobre la
totalidad del resultado del referendo aprobatorio sobre el proyecto de
reforma constitucional, celebrado en diciembre de 2007. A esto hay que
agregar que el presidente Hugo Chávez ha desconocido a las autoridades
regionales electas de oposición, al impedirles el ejercicio de su propio
mandato o al revocarle algunas de sus atribuciones.
Transparencia
Todas las instancias gubernamentales y sus autoridades deben procurar
informar constantemente a la población sobre las actividades que llevan
adelante para el desarrollo del país.
Explicación
negra" ha sido endilgado a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
y al Banco Central de Venezuela (BCV), entre otras instancias
gubernamentales, porque poco o nada se conoce sobre sus actividades o
estados financieros. El mismo nombre se podría aplicar a varias leyes
sancionadas por la Asamblea Nacional, las cuales no fueron consultadas
con diversos sectores de la vida nacional.
Ejercicio responsable
Todas las entidades gubernamentales y todos los funcionarios públicos
están obligados a rendir públicamente una cuenta detallada de la manera
como ejecutan sus presupuestos.
Explicación
La población no tiene acceso a las memorias y cuentas de las distintas
instancias del Gobierno, que debrían ser entregadas anualmente. Así pues,
solamente cuando se acaba el término de un funcionario al mando de una
instancia gubernamental es que su sucesor decide denunciarlo ante la
Contraloría General de la República, como ocurre con los casos de los ex
gobernadores de
Zulia, Guárico y Aragua.
Participación ciudadana
Un gobierno democrático debe promover y fomentar la participación de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo, asi como también
velar por
el respeto de la disposición tomada.
Explicación
Al constituir los comités de postulación para designar a los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los rectores del Consejo
Nacional Electoral (CNE) o a los altos funcionarios del Poder Ciudadano,
no se ha incluido a representantes de varios sectores de la vida
nacional. Otro ejemplo es que el proyecto de Ley de Consejos Comunales
condiciona la creación de nuevos grupos a la aprobación que obtengan del
Ejecutivo.
Libertad de expresión
Los ciudadanos de un Estado democrático deben disfrutar de plena
libertad para
expresarse y los medios de comunicación tienen que disponer de libertad
para realizar su labor.
Explicación
La Ley Resorte, la sentencia 1.013 y la sentencia 1.942 afectan la
libertad de prensa, al controlar los contenidos, la forma como se
producen y al convalidar las "leyes de desacato". Por otra parte, sobre
el Gobierno pesan dos sentencias condenatorias por los casos de las
televisoras Radio Caracas Televisión (RCTV)
y
Globovisión, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte-IDH).