CIDH y Relatoría Especial manifiestan preocupación por situación de libertad de expresión en Venezuela

Washington, D.C., 14 de junio de 2010 -  El Comisionado para los asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro , y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, enviaron hoy una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para manifestar su profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión y solicitar información por los hechos que han ocurrido en dicho país en la última semana. En particular, manifestaron su preocupación por la condena penal contra el periodista Francisco "Pancho" Pérez por haber publicado una denuncia de corrupción; por la orden de aprehensión contra Guillermo Zuloaga, uno de los propietarios del canal Globovisión, pocos días después de que el propio Presidente de la República criticase al Poder Judicial por el hecho de que Zuloaga continuase libre; y por el atentado con bombas molotov contra la Cadena Capriles.

 El 11 de junio de 2010, el Tribunal 5º de Juicio de la Ciudad de Valencia condenó a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación política y prohibición para ejercer el periodismo, así como a una multa de poco más de 18 mil dólares al periodista de la ciudad de Carabobo, Francisco "Pancho" Pérez, por los supuestos delitos de difamación e injuria a un funcionario público. De acuerdo a la información recibida, el proceso se inició luego de que el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), denunciara al reportero por una columna publicada el 30 de marzo de 2009 en el diario El Carabobeño en la que el reportero hizo referencia a la presencia de familiares del alcalde como contratistas del gobierno municipal. En la carta, el Comisionado y la Relatora manifestaron su profunda preocupación respecto de esta condena, y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH se han pronunciado en numerosas oportunidades en contra de la existencia de las leyes de vilipendio o desacato y de la utilización del derecho penal para sancionar opiniones o informaciones críticas respecto de los funcionarios públicos. La evidente desproporción de la condena impuesta al periodista por la publicación de una denuncia de claro interés público, muestra la grave desprotección en la que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela.

 Asimismo, la Relatoría Especial recibió información sobre una orden de aprehensión emitida el 11 de junio de 2010 por el Tribunal 13 de Control de Caracas en contra de uno de los dueños de la cadena Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo. Según la información recibida, ambos son acusados de los delitos de usura genérica y agavillamiento por haber almacenado 24 vehículos en una finca de su propiedad. Los periodistas y propietarios del canal Globovisión han sido sometidos a constantes estigmatizaciones y amenazas por parte de los más altos funcionarios públicos, así como a ataques privados provenientes de grupos afines al gobierno. Guillermo Zuloaga había sido detenido temporalmente el 25 de marzo de 2010 como consecuencia de una investigación criminal en su contra por el delito de irrespeto al Presidente de la República, motivada por declaraciones realizadas en el marco de una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Aruba. La orden de aprehensión emitida el 11 de junio, se produce ocho días después de que el Presidente de Venezuela criticase al Poder Judicial por el hecho de que Zuloaga continuase libre. La carta enviada al Estado venezolano por el Comisionado y la Relatora, expresó preocupación por la detención y recordó que la persecución penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede configurar una violación de dicho derecho si se demuestra que la investigación está motivada por la posición política del imputado o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, el Comisionado y la Relatora manifestaron su preocupación por el ataque con bombas molotov contra la sede de la Cadena Capriles en la noche del lunes 7 de junio de 2010. Este ataque se produjo en el contexto de las continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas, acusándolos de practicar un "terrorismo mediático", ser "desestabilizadores" y "golpistas", y de fomentar un "discurso de odio" que afecta la "salud mental" de la población venezolana. Como ya lo ha indicado la Relatoría Especial, luego de tales declaraciones, se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos criminales privados. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha indicado al Estado de Venezuela que dicha conducta de parte de funcionarios públicos pone a las personas vinculadas a esos medios de comunicación "en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad". Preocupa en este sentido la ausencia de investigaciones y sanciones ejemplares respecto de las graves y constantes agresiones sufridas por medios y periodistas en Venezuela por la simple razón de su línea editorial o cubrimiento noticioso.

 Como ya lo ha dicho la CIDH en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la existencia de un marco jurídico inadecuado, la cada vez mayor intolerancia del Ejecutivo a las críticas y a la disidencia, y la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, constituyen algunos de los puntos más débiles de la democracia venezolana y comprometen de manera sensible la garantía de los derechos humanos en ese país. En particular, la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.

 El Comisionado y la Relatora, manifestaron  su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela e indicaron que "los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se condene a un periodista por el delito de ‘irrespeto a funcionario público’ por la publicación de un artículo en el que se denuncia un posible hecho de corrupción; o que se pueda estar utilizando el derecho penal como vía indirecta para censurar a quien es propietario de uno de los únicos medios independientes del gobierno que aún subsisten en Venezuela. Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal".

 En su carta, el Comisionado y la Relatora Especial urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten. Asimismo, exhortaron al Estado de Venezuela a adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizarle al periodista Francisco Pérez y a Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión, así como a la sociedad venezolana el derecho a la libertad expresión, así como el derecho al debido proceso y a ser juzgados por jueces imparciales e independientes que se aseguren de aplicar lo dispuesto por la Constitución venezolana y los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte. Asimismo, instaron a las autoridades de Venezuela a garantizar y proteger la vida y la integridad personal de los periodistas, trabajadores y propietarios de los medios de comunicación.

IACHR and Office of the Special Rapporteur Express Concern on Situation of Freedom of Expression in Venezuela

Washington, D.C., June 14, 2010 -  The commissioner for Venezuelan matters of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Paulo Sergio Pinheiro , and the IACHR’s Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero Marino, today sent a communication to the Foreign Minister of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolás Maduro Moros, to express their deep concern over the deterioration of the situation of the right to freedom of expression and to request information on incidents that have occurred in Venezuela over the last week. In particular, Pinherio and Botero expressed concern over the criminal conviction of journalist Francisco "Pancho" Pérez for having published a piece exposing corruption; over the warrant for the arrest of Guillermo Zuloaga, one of the owners of television channel Globovisión, only a few hours after the country’s president criticized the judiciary for allowing Zuloaga to go free; and over the Molotov cocktail attack on the Cadena Capriles news network.

 On June 11, 2010, the Fifth Circuit Court of the City of Valencia sentenced a journalist from the city of Carabobo named Francisco "Pancho" Pérez to three years and nine months in prison, political suspension and prohibition to practice journalism, and a monetary fine of slightly more than US$18,000 for the supposed crime of defamation of public officials. According to the information received, the proceedings started after the mayor of Valencia , Edgardo Parra, a member of the Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), filed charges against the reporter over a column published on March 30, 2009, in the daily newspaper El Carabobeño. In the column, Pérez referred to the presence of the mayor’s family members as contractors in the municipal government. In the letter, the Commissioner and the Special Rapporteur expressed their deep concern over the conviction and recalled that the Inter-American Court of Human Rights and the IACHR have ruled on numerous occasions against the existence of vilipendio and desacato laws and the use of criminal law to punish opinions and information critical toward public officials. The evident disproportion of the sentence handed down for the publication of a piece that was clearly in the public interest demonstrates the serious state of vulnerability in which freedom of expression in Venezuela finds itself.

Likewise, the Office of the Special Rapporteur received information on a warrant issued on June 11, 2010 by Caracas ’ 13th Court of Control for the arrest of one of the owners of the Globovisión network, Guillermo Zuloaga, as well as his son. According to the information received, they are both accused of the crimes of usury and conspiracy for having stored 24 vehicles on their private property. The journalists and owners of Globovisión have been subjected to constant stigmatization and threats from the most senior public officials, as well as attacks from private groups aligned with the government. Guillermo Zuloaga had been detained temporarily on March 25, 2010, in connection with a criminal investigation opened against him for the crime of disrespecting the President of the Republic. The investigation was started after Zuloaga made statements during a meeting of the Inter-American Press Association in Aruba . The arrest warrant was issued on June 11, eight days after the President of Venezuela criticized the judicial branch because Zuloaga was still free. The letter sent to the Venezuelan State by the Commissioner and the Special Rapporteur expressed concern at the detention and recalled that persecution via criminal prosecution for alleged crimes that are not related to the exercise of freedom of expression can constitute a violation of the right if such persecution is demonstrated to be motivated by the political position of the person charged or due to the exercise of their right to freedom of expression.

Finally, the Commissioner and the Special Rapporteur expressed their concern at the Molotov cocktail attack on the headquarters of Cadena Capriles on the night of Monday, June 7, 2010. This attack took place in the context of continuing public statements against various media outlets, their directors, and their journalists, accusing them of practicing "media terrorism," being "destabilizers," "coup conspirators," and of fostering "hateful discourse" that affects the "mental health" of the Venezuelan population. As the Office of the Special Rapporteur has indicated previously, subsequent to these statements, acts of violence against several of these media outlets carried out by private criminal groups have been on the rise. In this respect, the Inter-American Court of Human Rights has indicated to the Venezuelan State that such conduct on the part of public officials puts people linked to these media outlets "in a position of greater relative vulnerability before the State and certain sectors of society." In this sense, the absence of model investigations and punishments in the serious and constant attacks suffered by media outlets and journalists in Venezuela due to their editorial stance or news coverage is worrisome.

 As the Commission has already stated in its report Democracy and Human Rights in Venezuela, the existence of an inadequate legal framework, the Executive’s ever-increasing intolerance toward criticism and dissent, and the judicial branch’s lack of independence and autonomy from the other branches of government are some of the weakest points of Venezuelan democracy and appreciably compromise the guarantee of human rights in that country. In particular, the judicial branch’s lack of independence has allowed the punitive power of the State to be used to criminalize the defense of human rights and peaceful social protest, as well as to persecute critics and political dissidents with criminal prosecution.

 The Commissioner and the Special Rapporteur expressed their concern over the situation of the right to freedom of expression in Venezuela and indicated that "spaces for public debate on Venezuelan government authorities are constantly becoming smaller, given the use of instruments like the criminal law to silence critical expression and dissent. In this sense, it is extremely worrying that a journalist would be convicted for the crime of ‘disrespecting a public official’ for publishing an article denouncing a possible act of corruption; or that the criminal law can be used as an indirect method of censoring the owner of one of the only media outlets in Venezuelan that is independent of the government. These facts are another demonstration of the consensus between executive branch and judicial branch authorities on the idea that it is legitimate to silence critics of the government using the criminal law."

In their letter, the Commissioner and the Special Rapporteur urged the State of Venezuela to avoid the use of direct and indirect methods for silencing critical opinions and reports denouncing government authorities, no matter how upsetting or offensive they are. Likewise, they urged the State of Venezuela to immediately take all necessary measures to guarantee that journalist Francisco Pérez and Globovisión President Guillermo Zuloaga, as well as Venezuelan society in general, have the right to freedom of expression, as well as the rights to due process and to be brought to trial before impartial, independent judges committed to applying the provisions of the Venezuelan Constitution and international treaties to which Venezuela is party. Likewise, they urged the Venezuelan authorities to guarantee and protect the lives and physical safety of the journalists, employees, and owners of media outlets.