A medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales del 23 de
noviembre, las presiones contra los medios de comunicación en Venezuela
han experimentado un inusitado incremento, con ataques variados que
incluyen desde acusaciones de golpistas contra propietarios de medios,
acoso en aeropuertos del país a presentadores de la radio y televisión
privadas, y protestas violentas con estallidos de bombas.
En menos de 10 días, importantes directivos de medios fueron
acusados de fraguar un magnicidio y un golpe de estado, varios
sicarios intentaron matar a un influyente columnista en el estado
Bolívar, al sur del país, y casi toda la plantilla de periodistas de
una emisora de radio en el estado Carabobo fue despedida por
presiones del candidato oficialista local, según denunciaron a
El Nuevo Herald los propios periodistas afectados.
El fin de semana pasado, en uno de los ataques más violentos
hasta ahora contra un periodista, dos supuestos sicarios
dispararon a quemarropa contra Eliécer Calzadilla, columnista y
abogado del diario
El Correo del Caroní, en el estado
Bolívar, un diario que mantiene una línea crítica contra el
gobierno chavista.
Calzadilla, que lleva dos décadas como columnista del
rotativo, es conocido por sus denuncias contra la corrupción
del gobierno del estado Bolívar. A pesar de que recibió un
impacto de bala en la base del cuello, el periodista
sobrevivió el atentado y fue capaz de dictarle a su hija la
columna de este próximo domingo.
Diversas organizaciones, entre ellas
el Colegio
Nacional de Periodistas y Reporteros Sin
Fronteras (RSF), pidieron una investigación exhaustiva
del ataque.
En otro episodio violento la semana pasada, una
bomba lacrimógena estalló en la sede de uno de los
canales de televisión más críticos del gobierno,
Globovisión, mientras que su propietario y
presentadores y periodistas del canal fueron
declarados "objetivo militar'' por un grupo conocido
como
La Piedrita, que dirige la conocida
líder chavista Lina Ron.
También la semana pasada, tres influyentes
personalidades de radio y televisión denunciaron
acosos e intento de amedrentamiento por
autoridades del aeropuerto internacional de
Maiquetía, cuando llegaban de viajes fuera del
país.
Las denuncias fueron presentadas por Carla
Angola y Leopoldo Castillo, ambos
conductores de populares programas de
televisión que son críticos al gobierno en
el canal Globovisión, y el periodista César
Miguel Rondón, que conduce un espacio radial
diario con cobertura nacional en la emisora
Unión Radio de Caracas.
A un cuarto viajero, el profesor Heinz
Sonntag, sociólogo de origen alemán y
académico de la Universidad Central de
Venezuela, que es miembro del opositor
Movimiento 2D, le anularon su pasaporte
a pesar de que es ciudadano venezolano
desde hace más de 20 años.
Sonntag no descartó que la medida
esté relacionada con las recientes
acusaciones lanzadas por el gobierno
contra la agrupación, que reúne a
destacados intelectuales venezolanos
que defienden una sociedad más
democrática.
De hecho, varios miembros de
este movimiento, fundado en
alusión a la fecha del referendo
consultivo que rechazó la
reforma constitucional chavista
en diciembre pasado, han sido
acusados de conspiradores por
parte del gobierno.
El principal señalado es
Miguel Henrique Otero,
editor
del diario
El Nacional,
quien preside el movimiento
y es fuertemente crítico de
las políticas del gobierno
chavista.
Al rechazar los
señalamientos, Otero
declaró que la
"persecución'' contra
medios privados
independientes es una
"cortina de humo'' para
acallar varios
escándalos que han
afectado recientemente
la imagen del gobierno,
como el caso de la
muerte del fiscal
Danilo Anderson y
el juicio que se sigue
en Miami por el caso del
maletín con $800,000 que
le fue confiscado a un
empresario venezolano en
un aeropuerto de
Buenos Aires.
La presión se ha
dejado sentir
incluso en medios de
comunicación cuyos
propietarios están
vinculados con el
gobierno.
Un programa de
televisión con
análisis y
entrevistas a
políticos tanto
chavistas como
de la oposición,
con un tono a
veces crítico,
conducido por el
periodista y ex
diplomático
chavista
Vladimir
Villegas, ex
embajador de
Venezuela
en México y
Brasil, fue
suspendido
abruptamente a
principios de
mes.
Contrapeso,
el programa
de Villegas,
que conducía
junto a la
periodista
Idania
Chirinos,
era
transmitido
por el Canal
I, cuyo
propietario
es Willmer
Ruperti, un
acaudalado
empresario
petrolero
vinculado al
oficialismo.
Aunque
el
programa
fue
suspendido
por
razones
estrictamente
administrativas,
según
aseguró
su
presidenta
Maripili
Hernández,
ex
vicecanciller
y
también
periodista,
el
propio
Villegas
dijo en
una
entrevista
que "mis
puntos
de vista
críticos
a un
gobierno
y a un
proceso
que he
apoyado,
tienen
algo que
ver en
este
asunto''.
"Es
una
política
del
gobierno
contra
los
medios
de
comunicación,
contra
el
derecho
a la
información'',
opinó
el
periodista
Alberto
Jordán,
un
ex
diputado
que
fue
miembro
del
partido
chavista
Movimiento
V
República
(MVR),
y
que
luego
se
convirtió
en
disidente
y
opositor
al
régimen.
Jordán cuestionó la actuación de organismos oficiales frente al ataque con bomba realizado contra el canal opositor Globovisión, criticando la justificación ofrecida por el propio ministro del Interior y Justicia, Tarek El-Aissami, de que el ataque se debió a que Globovisión es un canal ‘‘golpista''.
Antes del atentado, Globovisión y su propietario Alberto Ravell habían sido señalados por el propio presidente Hugo Chávez como integrantes de una compleja conspiración para deponerlo y eliminarlo físicamente. Chávez dijo que en el plan participaron otros "oligarcas de los medios'' como los propietarios de los diarios
El Nacional y
El Universal.
"Eso es el imperio que está detrás, andan buscando la manera de detener nuestra revolución y con ello golpear a todos los procesos de cambio que están en marcha en nuestra América, en el Caribe, en Centroamérica'', señaló el presidente Chávez al denunciar la supuesta conspiración.
La denuncia del mandatario venezolano fue ratificada por su ministro de Información Andrés Izarra, quien afirmó que grandes medios de comunicación privados de Venezuela estarían involucrados en los supuestos planes de magnicidio.
"Hay grandes medios involucrados en esto'', dijo Izarra.
"Es inaceptable que constantemente se utilice el argumento del golpe de Estado para amordazar, intimidar e incluso amenazar a toda la prensa critica con el gobierno'', indicó un comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitido la semana pasada.
RSF también pidió una aclaración sobre la absolución del principal sospechoso del asesinato del periodista Mauro Marcano, ocurrido a principios del 2005 en el estado oriental de Monagas, por denuncias que realizó sobre una vasta red de narcotraficantes.
Ceferino García, absuelto por un jurado que no encontró pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Marcano, había sido señalado por el periodista de ser el más importante jefe del narcotráfico en la región, con importantes conexiones con altos oficiales militares.
La semana pasada, media docena de periodistas de tres emisoras de radio en la localidad de Puerto Cabello, en la costa central de Venezuela, fueron retirados de sus programas presuntamente por presiones del gobierno local, debido a que mantenían una línea crítica.
"Puerto Cabello prácticamente se quedó sin espacios de opinión críticos'', dijo a El Nuevo Herald el periodista Juan Carlos Núñez, uno de los afectados por la decision.
Núñez explicó que los programas radiales fueron suspendidos por los dueños de las emisoras, luego de que las autoridades municipales amenazaron con presentar denuncias de supuestas violaciones cometidas ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula el sector.
ocasto@herald.com
