El Ministerio Público
solicitó ante el Tribunal 11° de Control de Caracas, el
sobreseimiento del alcalde del Municipio Chacao, Leopoldo López, y de
40 militares, quienes se encontraban imputados por los
pronunciamientos efectuados en la Plaza Francia de Altamira a
partir del 22 de octubre de 2002.
La fiscal 39 nacional y su
auxiliar, Turcy Simancas y Jhonny Rafael Méndez,
respectivamente, solicitaron el sobreseimiento
a favor del general de brigada (r)
del Ejército, René Alexander Sericia; y del
general de brigada (r) de la
Aviación, Clinio Ricardo Rodríguez Obelmejías.
Ambos
generales estaban imputados por la presunta comisión
de los delitos de conspiración, rebelión
civil e instigación a delinquir, tipificados en los artículos
132, 143, ordinal 1°; y 283, ordinal 1° del Código Penal
vigente para la fecha.
El segundo
grupo, al cual se les solicitó el beneficio, está conformado por
el generales de brigada (r) de la Guardia
Nacional, José Eduardo Rodríguez Infante, Angel
Alberto Sánchez Velásco, Eugenio José Añez Núñez,
Augusto Germán Dávila Navas, Régulo
Humberto Díaz Vega, Marco Antonio Ferreira y a
Edgar Ernesto Casanova.
También a los
coroneles retirados de la Guardia Nacional,
Iván Gabriel Trujillo Contreras, Eduardo Enrique Arias
Pernia, Edgar José Torres Rodríguez, Carlos Enrique Hernández
Martínez, Héctor Salvador Ortiz Zambrano, Gerardo José
Pérez Pernalete, Félix Domingo
Grateron Mendoza, Oscar José Silva Hernández, Teolindo de
la Trinidad Cordero Rosales, Otilio José Martínez Grimán,
Milton José Suárez Viloria, Alexander
José Hernández Paz, Jorge alberto Martínez Rodríguez,
Oscar Claret Briceño Domínguez y Henry
Gonzalo
Escalante Ramírez.
En este mismo grupo de imputados y acusados
por el delito de rebelión civil, también se encuentra el teniente
(r) de la Guardia nacional, Samir José Soler Polanco;
el sargento técnico de primera (r) de la GN, Simón Darío
Vargas Duarte; el mayor (r) de la GN, José Antonio Wahab Coronado; al
coronel (r) de la Aviación, Antonio José Ortega Brouzes; los
coroneles retirados del Ejército, José Ricardo Bozza Baduel y
Alexander José Raffo Navarro; y los coroneles retirados
de la Fuerza Armada Nacional, Carlos Eduardo González
Caraballo, Ricardo Gregorio Alfonso Cedeño y
Jesús Enrique Fuentes Marval.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento para un
tercer grupo conformado por los generales
retirados de la GN, Carlos Alfonso Martínez, Edgar Bolívar
Ramírez y Oscar José Márquez; así
como al teniente coronel (r) de la GN, Miguel Angel Prieto Morales; y
al sargento primero (r) de la Armada Ramón
Ernesto Guevara, militares que estaban imputados por
presuntamente incurrir en los delitos de conspiración,
rebelión civil e instigación a delinquir.
El cuarto
y último grupo está integrado por el alcalde Leopoldo López;
por el teniente retirado de la GN, Luis
José Delgado Michelena; y el general (r) de
brigada de la GN, Felipe Orlando Rodríguez, quienes fueron imputados
en su oportunidad por incurrir en los delitos de conspiración, rebelión
civil, instigación a la insurrección y agavillamiento.
En el escrito que presentó el Ministerio Público ante el
juzgado se lee: "En tal sentido, se evidencia que los
referidos ciudadanos son de pleno derecho beneficiarios
por Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, por cuanto se
cumple taxativamente que se encuentran sometidos al
proceso penal y que fueron imputados por el Ministerio Público".