Exigen velar por salud de Afiuni

Corte Interamericana demandó también del Estado que envíe a la jueza a otra cárcel

La jueza Afiuni (F. SANCHEZ/Archivo)
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
domingo 12 de diciembre de 2010  12:00 AM
Coincidiendo con su primer aniversario tras las rejas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano que le garantice a la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, la atención médica especializada necesaria para garantizarle su derecho a la salud.

Asimismo el tribunal continental reclamó de las autoridades nacionales que saquen a la funcionaria del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y la trasladen a otro "recinto adecuado a sus circunstancias particulares, en atención a la función que ejercía como jueza penal, particularmente mediante el otorgamiento de plenas garantías a su seguridad y que no se vea afectada en su derecho de acceder a familiares y visitantes, a sus abogados y a los médicos que la vayan a examinar".

Las demandas las formuló el juzgado con sede en San José (Cosa Rica) al admitir la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adoptara medidas provisionales que permitieran asegurarle a la funcionaria sus derechos fundamentales a la vida e integridad física.

Desde que en enero pasado fuera enviada a la cárcel de mujeres de Los Teques (Miranda), Afiuni ha denunciado ser víctima de amenazas constantes y de varios intentos por atacarla, los cuales habrían sido perpetrados por otras reclusas. Durante su ejercicio como jueza, la funcionaria envió a varias procesadas a ese centro.

Asimismo desde que fue arrestada el estado de salud de la funcionaria se ha visto deteriorado, al punto de que le han sido detectado quistes, los cuales no han sido debidamente tratados, según la defensa.

La solicitud de la Corte IDH se da a conocer menos de 24 horas después de que la CIDH anunciara que presentó una nueva demanda contra Venezuela ante esa instancia. La querella se relacionada con las violaciones a las garantías fundamentales que sufrió Rubén Díaz, quien permaneció más de cinco años detenido preventivamente señalado de participar en atentados contra las embajadas de Colombia y España.