La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) culminó ayer su Asamblea Ordinaria Anual en la ciudad, donde se debatió sobre capacitación, actualidad judicial, el ejercicio de sus funciones y entre las conclusiones generales, observaron un patrón común en muchos países latinoamericanos donde se busca debilitar al poder judicial ante la sociedad. También expresaron su rechazo a la detención de la jueza Afiuni Mora en Venezuela y la violación de sus derechos y garantías fundamentales.

Miguel Ángel Caminos, presidente de la FLAM, encabezó el cierre de la Asamblea, acompañado por Graciela Dixon, José María Bento Comany, Abel Fleming, Guinther Spode, Cristina Crespo y Evaristo Santamaría, y expuso los puntos más sobresalientes de las declaraciones firmadas.

Entre las conclusiones obtenidas luego del debate, Caminos destacó que “notamos que hay un patrón común en muchos países de Latinoamérica en donde lo que se busca es debilitar al poder judicial y se lo hace ante la sociedad descalificando a sus jueces” por lo cual estos no pueden ejercer debidamente sus funciones; y agregó que “no es gratuito ni por casualidad que se descalifique no sólo a los jueces sino también a la prensa; dos organismos que ejercen el control de los otros poderes políticos”.

En relación a este control, Caminos hizo referencia a las últimas declaraciones del Gobierno para los miembros del poder judicial y sostuvo que “la idea de evaluarnos es una forma de devaluarnos” y que este examen “es un intento de mostrar a la sociedad que quizás nosotros no estamos capacitados para hacerlo”, pero de acuerdo con el magistrado, sería más conveniente pensar en una capacitación integral, ya que “los jueces damos exámenes todos los días”.

Asimismo, Caminos destacó que además de los problemas políticos comunes a América Latina, hay otros relacionados con la insuficiencia de recursos, que también incumben a España y Portugal: “Todas las potencias están reclamando tener autarquía suficiente para poder llevar a adelante una buena administración de justicia, y la falta de recursos entorpece nuestras funciones”. Para ello los magistrados compartieron experiencias sobre la preparación y capacitación que diariamente los jueces tienen que realizar, que es “muy distinto a que vayamos a rendir examen al colegio”, completó el juez.

Otro de los ejes abordados en el cierre del encuentro de magistrados, fue la situación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora, quien está detenida desde el 10 de diciembre de 2009, en una cárcel común y ha sido víctima de atentados contra su vida e integridad física. “Estamos realmente muy preocupados por la situación de Afiuni y queremos denunciar la actitud de Venezuela que ha conmovido las bases de la división de poderes y ha atacado lo más esencial de la democracia a raíz del acto jurisdiccional de detener a una jueza en el ejercicio de sus funciones”.

Los magistrados además mostraron su preocupación porque este hecho se mantiene en el tiempo y el silencio que hacen los otros países. “Cuando alguien permanece en silencio ante una actitud tan grave como está, teniendo las posibilidades de pronunciarse lo que hace es tener complicidad. Nos llama la atención es que nuestros gobiernos también permanezcan en silencio”, explicó Caminos, por lo cual esta situación será denunciada en todos los países de orígenes de los magistrados presentes, ya que “la democracia, no sólo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, se ha visto descalificada ante la mirada de esos gobiernos” y de los organismos internacionales de los cuales forma parte la FLAM.
Ante el silencio de los demás países, Camino sostuvo que si la situación se repite en algún otro país, los jueces “vamos a denunciar el hecho porque queremos que está jueza recupere su libertad, su cargo y su dignidad; y se respete la dignidad de la Justicia”.

Las declaraciones firmadas

En el cierre de la Asamblea, los integrantes de la FLAM firmaron una serie de declaraciones con las conclusiones finales.

Ante las denuncias de las asociaciones de jueces de Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y México sobre actos concretados por los poderes políticos de sus respectivos países que constituyen “flagrantes atentados al ejercicio de la función jurisdiccional independiente”, los representantes de las mismas en uno de las declaraciones finales repudiaron todo proyecto que, so pretexto de adoptar mecanismos de capacitación o evaluación de jueces, persiga su garantía de estabilidad, protegida por tratados internacionales y las constituciones de los países involucrados; condenaron los atentados a la vida de los jueces y exhortaron a que se provea lo necesario para su protección; y exigieron a las autoridades públicas el acatamiento de las decisiones judiciales y el respeto por las vías recursivas, evitando juicios de remoción que se fundan con aquellas que difieren con intereses políticos. En el último punto, los integrantes de la FLAM demandaron que se provean los mecanismos legales y los recursos económicos dirigidos a instrumentar la autarquía financiera de los poderes judiciales y evitar la dependencia que pueda condicionar la administración de Justicia.

Los delegados de las Asociaciones de la FLAM presentes en Mar del Plata, su directorio y ex presidentes, firmaron una declaración sobre la situación de la jueza Afiuni Mora en Venezuela. La magistrada es jueza de Control de Caracas, y fue privada de su libertad luego de decretar la sustitución de la medida cautelar impuesta en una causa penal ventilada en el despacho de su cargo, sin que mediara una orden emitida por las autoridades competentes. Desde la fecha - 10 de diciembre de 2009 - Afiuni Mora permanece detenida en una cárcel común y en reiteradas ocasiones atentaron contra su integridad física. Los firmantes de la declaración sostienen que la situación de la jueza es una muestra de la vulnerabilidad y peligros a los que se expone la independencia judicial en Venezuela y por ello condenan enérgicamente la privación de su libertad y la violación a sus derechos y exigen a las autoridades de ese país que se respeten las garantías y derechos fundamentales de la jueza. Además se insta a los organismos internacionales y a la comunidad jurídica internacional a incorporarse a un movimiento mundial que pida por la inmediata liberación de la magistrada. El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, a través de una declaración también condenó la situación de Afuini Mora y pidió por su pronta libertad.