Caracas, jueves 02 de junio, 2005
Nacional y Política

Presos políticos exponen sus casos ante la OEA

Fort Lauderdale.- El general retirado Néstor González González, quien es activamente buscado por la policía venezolana, envió una carta a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos denunciando al gobierno "castro-comunista" del presidente Hugo Chávez, según una copia del documento entregado hoy a la agencia DPA.

El militar, que asegura estar viviendo en la clandestinidad en Venezuela, pidió a los 34 cancilleres del hemisferio "detener la amenaza que se cierne sobre el bienestar, la paz, la tranquilidad, la democracia y la libertad de los ciudadanos de nuestro país y del continente entero".

González recordó que era el comandante de Teatro de Operaciones 2 (TO-2) en la frontera con Colombia, cuando "personalmente detecté y combatí" a los grupos guerrilleros de ese país -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- que operaban en territorio venezolano con la supuesta anuencia del gobierno de Caracas.

Denunció que Caracas permite "la penetración y presencia de campamentos, grupos terroristas e irregulares armados en territorio venezolano" proporcionándoles "apoyo político, operacional financiero y protección dentro del país".

Indicó que las denuncias que hizo fueron la causa de su retiro de las fuerzas armadas y la persecución de la que es objeto actualmente, al extremo de que se ha puesto un precio por su captura.

González expresó que lucha contra "las políticas autoritarias" que trataría de imponer Chávez en Venezuela, "escudado en su condición de haber sido electo en un proceso electoral democrático".

"La penetración castro comunista y de la izquierda radical internacional continúa su intento de exterminio de la democracia y desestabilización social en nuestros pueblos", dijo González al enfatizar en que la OEA debe "detener esa amenaza".

Otros de los llamados presos políticos, entre los que se encuentra el general Felipe Rodríguez, enviaron sendas cartas a los 34 cancilleres de la OEA que se reunirán en Fort Lauderdale a partir del domingo, informó DPA.

En sus misivas los presos, entre los que hay varios civiles, piden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que envíe a Venezuela una misión para comprobar "la flagrante violación de los derechos humanos" por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Las cartas acompañan un voluminoso informe que presenta a los diplomáticos del hemisferio la Venezuela Awareness Foundation (VAF), un organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos con sede en Miami. Una copia del documento fue entregada hoy a la agencia dpa.

Patricia Andrade, directora de la VAF, denunció el "asombroso número de presos políticos" en Venezuela por causas judiciales inexistentes. Acompañó una lista de 36 personas privadas de su libertad por causas políticas, entre civiles, militares y policías.

Pidió también el envío de una comisión a Venezuela para investigar sus denuncias. "Sólo la presión de ustedes, señores cancilleres... hará que se busquen los correctivos necesarios para evitar que continúen los abusos contra nuestros compatriotas", dijo Andrade.

El general Rodríguez denunció que "peligra" su vida al estar recluido junto con delincuentes comunes en una cárcel de alta peligrosidad. Rodríguez, quien fue detenido el 5 de febrero, se hallaba entre los militares clandestinos más activamente buscados entre los opositores al gobierno venezolano.

El comisario Iván Simonovis, quien ejerció altas funciones en la antigua Policía Técnica Judicial hasta hace poco, dijo ser un perseguido político y que no confía en un juicio imparcial porque actualmente en Venezuela "la justicia está politizada y no hay Estado de Derecho".

El ingeniero Danny Ramírez, preso en una cárcel del estado del Táchira, en su carta manuscrita pidió a los cancilleres que envíen una comisión para verificar el estado de los presos políticos.

Expresó que él y otros de sus compañeros fueron sentenciados a seis años de prisión por "el delito inexistente de rebelión civil en grado de cooperadores inmediatos".

Ramírez cuestionó que si ellos pagan cárcel como cooperadores inmediatos, entonces "¿quiénes son los autores de este delito?" Asimismo preguntó dónde se encuentran y cuándo fueron juzgados.

Andrade precisó que Saúl Lozano, uno de los compañeros de Ramírez, se encuentra actualmente esposado a su cama de hospital, porque las autoridades creen que podría fugarse pero tampoco le dan autorización para que se someta a una operación.

Ramírez insistió en su pedido para que la OEA envíe una comisión a la cárcel de Santa Ana "para que conozcan a fondo" la situación de los presos "ya que en Venezuela no hay Estado de Derecho".