Hoy hace ya cuatro años que el abogado Antonio López Castillo cayó muerto en el cruce de la avenida Las Acacias con la calle Los Estadios de Plaza Venezuela. Las elecciones regionales y las lluvias no dejarán espacio para otros temas, pero la defensa del fallecido recuerda que al día de hoy, ninguno de los organismos responsables de la investigación ha precisado las circunstancias de la escena del crimen, las razones exactas por las cuales lo perseguía la comisión policial que entonces investigaba el asesinato del fiscal Danilo Anderson, y los vínculos que esos funcionarios le achacaron con ese caso.

La investigación sigue gravitando en la órbita de la Fiscalía 49 a Nivel Nacional con Competencia Plena, a cargo de Haifa El Aissami. En 1.460 días no ha habido conclusiones sobre la muerte de López Castillo; lo único que queda claro para Marco Antonio Rodríguez-Acosta, apoderado legal de los padres del fallecido -la ex senadora copeyana, Haydée Castillo, y el ex presidente del Centro Simón Bolívar, Antonio López (padre)- es que ningún juzgado ha podido establecer vínculos entre su defendido y el atentado que el 18 de noviembre voló al fiscal Danilo Anderson.

El Tribunal 20 de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas sentenció el 24 de Enero de 2006 a los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, y su primo Juan Bautista, como autores materiales del crimen de Anderson. Rodríguez-Acosta destaca, sin embargo, que el fallo nunca mencionó a su defendido.

Aunque originalmente se vinculó a López Castillo como cómplice del asesinato del fiscal; aunque las autoridades advirtieron que lo perseguían por sus vínculos con el caso; aunque siempre recordaron su amistad con los autores materiales, su muerte está en una suerte de limbo. "En el juicio de los Guevara no se mencionó a Antonio", advierte Rodríguez-Acosta. "La sentencia sólo dice que un abogado recibió C4 en La Guaira, así como minas explosivas para la bomba".

Está claro que nadie puede enjuiciar a un muerto. Ni en la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela tienen forma de ir al más allá, pero Rodríguez-Acosta advierte que toda persona -aun después de fallecida- debe ser mencionada en cualquier expediente judicial en el que esté involucrado. Esa situación es, para él, una prueba de que a López Castillo lo mataron en unas circunstancias en la que no tenía arte y parte.

14 disparos y un tiro de gracia A Antonio López Castillo le dieron un tiro de gracia entre la barbilla y la garganta. Su cadáver quedó tendido en pleno mediodía con esa y otras 14 perforaciones. Las crónicas de entonces dejaron claro que el cadáver del abogado de 32 años quedó tendido en el pavimento, junto a su pistola 9 milímetros, vestido de flux y una corbata amarilla que alcanzó a taparle el rostro.

La versión oficial que dio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los medios de comunicación relata que los investigadores interceptaron el vehículos Honda Civic plateado, matrículas ABT31A, que manejaba cuando le dieron la voz de alto. Los oficiales declararon que abrieron fuego después de que el conductor accionara su pistola. Hablaron de un enfrentamiento en el que también perdió la vida el inspector Luis Alberto Pabón, funcionario de la División Contra Drogas de la policía científica.

Hay testigos, sin embargo, que han dado otras versiones. El representante legal del matrimonio López Castillo asegura que el funcionario del Cicpc fue cruzado por la bala de un compañero; algunas de las personas que presenciaron la escena del crimen le permiten advertir que López Castillo sacó las manos por la ventana del piloto en señal de colaboración.

Esta no es una historia nueva. No es difícil recordar que el 23 de noviembre de 2004 murió el especialista en derecho aeronáutico y que, tras ese suceso, se disiparon otros que continuaron con el allanamiento de su vivienda. Más de 40 funcionarios del Cicpc, con apoyo del grupo comando de la policía del Municipio Libertador, irrumpieron sin ordenes de Fiscalía en la quinta Alfa, ubicada en la avenida Tamanaco de la urbanización Oripoto del municipio El Hatillo.

Lo nuevo, sin embargo, es que aún no hay nada nuevo. Al matrimonio López Castillo ni siquiera le han entregado los objetos que les tomaron prestados durante el allanamiento. En esta historia, sólo queda claro lo que ocurrió después de los sucesos en los que falleció el abogado Antonio López Castillo: sus padres quedaron detenidos el mismo día de su muerte por un lote de armas que los organismos de seguridad encontraron en su residencia.

Aunque pasaban de 70 años, a Haydée Castillo y Antonio López (padre) los trasladaron esposados al palacio de Justicia. En total, fueron tres días de espera para recibir una medida de libertad condicional, que les permitiera asistir al funeral de su hijo.

Un funcionario del Cicpc se dirigió a la madre de López Castillo para informarle que a su hijo lo habían matado "como a un perro". La pareja ha optado por el bajo perfil, en este momento andan concentrados en resolver asuntos de salud. Su abogado comenta, no obstante, que se trata de una noticia que los desplomó: "El señor Antonio se sintió mal de la tensión y Haydée, que es diabética, sintió un escalofrío en el cuerpo".

Cinco días después del asesinato, la ex senadora Haydée Castillo declaró a la prensa que a falta de esperanzas en la justicia venezolana, se sometía a los tribunales del cielo. "Mi hijo tenía 18 tiros, entre ellos uno de gracia (...) ¿cuál es el delito que justifica eso?", preguntó. "Después de eso ha sido un continuo atropello (...) No nos permitieron acceso a nuestros abogados ni a nuestros familiares, sino cuando a ellos les dieron las ganas y despues de tres dias".

Se llevaron hasta el whisky En esas 72 horas de declaraciones judiciales, allanamientos y detenciones desapareció hasta un tostiarepas del que mucho se ha hablado. Si la ex ministra de Fomento, Haydé Castillo, y su esposo, el ex contralor del municipio Libertador, Antonio López (padre), nunca aceptaron la versión del arsenal de armas que hallaron en su casa, después añadieron que los investigadores habían tomado varias de las pertencias que tenían en ese y otro inmueble ubicado en el estado Vargas.

De eso queda constancia en las fiscalías 8, 34, 49 y 56 a nivel nacional del Ministerio Público, donde el abogado Marco Antonio Roríguez-Acosta solicitó desde el 27 de enero de 2005 la devolución de los enseres, por tratarse de "objetos que no son impresindibles para la investigación". Hasta el momento, sin embargo, no hay noticias del Tostiarepas ni del resto de los artículos.

Los agentes que allanaron la residencia levantaron un acta para llevarse nueve bienes relacionados con la investigación, entre los que destaca la computadora personal del occiso. Quedan, sin embargo, otros 38 enseres desaparecidos en los dos inmuebles, que van desde una colección de piezas de cristal Swaroski y un par de maletas, hasta un televisor y una botella de whisky.

Y la lista es aún más larga. El día de su muerte Antonio López Castillo cargaba, entre otras cosas, un reloj Gucci y un teléfono celular Motorota V-810 que tomó el Cicpc y desde el que posteriormente se registraron 383 llamadas a Cuba.

Las comunicaciones quedaron registradas en la factura de la compañía Telcel Nº 3452356, cuya fecha de corte fue el 27 de diciembre de 2004, en la que constaba un total de 769 minutos en llamadas de larga distancia internacional. Rodríguez-Acosta comenta que cuando pidieron más detalles a la compañía, sus representantes prefirieron no dar explicaciones y asumir los gastos.

Para Rodríguez-Acosta, este y otros casos que rodean al asesinato de Anderson no sólo muestran problemas en las instituciones del país, sino en los seres humanos que están a cargo de ellas.

El abogado cree que las declaraciones que el ex fiscal Hernando Contreras dio la semana pasada explican mucho de lo que pasó. En una entrevista transmitida por Globovisión, Contreras afirmó que el ex ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, el ex director de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, el director del Cicpc, Marcos Chávez, y los fiscales Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza, acordaron matar al día siguiente del asesinato de Anderson a Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo y Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, supuestos autores materiales.

"Se decidió en una especie de corte donde juzgaban de una vez a aquellas personas que aparecieron en la llamada anónima", relató Contreras. Una declaración a la que Rodríguez-Acosta da crédito y agrega que: "Sólo queda que todos empiecen a hablar".

jpoliszuk@eluniversal.com