JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Como una demostración más de la intención de las autoridades de "penalizar el derecho a manifestar". Así calificó el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, la aprehensión y posterior liberación condicional de los cuatro hermanos Mejías, a quienes el Ministerio Público imputó la presunta comisión del delito de "instigar al odio entre los habitantes", falta en la que habrían incurrido al supuestamente entregar volantes con críticas al Gobierno en el penúltimo partido de la Copa América.

"Repartir panfletos no es delito, no encaja en ninguna figura delictiva de nuestro Código Penal (...) Manifestar pacíficamente, reclamar el respeto a los derechos humanos no puede ser considerado como delito y, en consecuencia, la privación de libertad de esos estudiantes es ilegal y arbitraria", afirmó el penalista, quien dijo estar "sorprendido y escandalizado" por la manera como la Fiscalía y los tribunales están aplicando la ley.

Recurriendo a los trabajos de los expertos Tulio Chiossone y Hernando Grisanti, mencionó que el delito por el que se pretende procesar a Juan Andrés, Francisco, Alejandro y Simón Mejías sólo se comete cuando "un grupo llama al odio de otro sector, a la lucha de clases o al enfrentamiento armado contra la población de una determinada región".

Acto seguido señaló que la instigación al odio es un delito de "orden público", es decir "son hechos que ponen en zozobra a la colectividad (...) Una persona que se encarame en una plaza pública, donde hay una gran concentración de personas y diga que hay que matar o linchar a determinada o determinadas personas, eso significaría una instigación al odio".

Arteaga aprovechó para hacer un llamado de atención ante lo que considera un "ex abrupto jurídico" y para advertir que el drama de los hermanos Mejías no ha terminado.

"Los estudiantes no han quedado en libertad plena; están sometidos a un proceso penal y su libertad de movimiento está restringida, por cuanto deben presentarse ante un tribunal cada 8 días, perturbados en su actividad estudiantil y con la pena anticipada de un proceso penal que los marca, los estigmatiza y los somete a innumerables limitaciones, hasta que la Fiscalía, que ha calificado los hechos como delictivos, instruya un expediente, recabe elementos de convicción, tome decisiones y produzca un acto conclusivo, sin que todo esto tenga un lapso para resolverse", aclaró.

En similares términos se pronunció el abogado Miguel Suárez, quien representa a los jóvenes, y quien confía en que al final los fiscales del caso, Cristian Quijada y Daniel Guédez, sobreseerán la causa.

Aseguró que sus clientes en ningún momento repartieron panfletos ni se manifestaron contra el Ejecutivo, sino que se limitaron a presenciar el partido entre Uruguay y México. "En el expediente no hay nada que los involucre. ¿Cómo es que los efectivos del Ejército determinaron que eran ellos cuatro, de entre los 27 mil presentes en el estadio Olímpico Universitario, quienes estaban gritando consignas contra el Gobierno?".

Aunque criticó la manera cómo fueron liberados sus representados, aseveró que todavía no han decidido si apelarán el fallo del Tribunal 4° de Control.