| Caracas,
domingo 01 de julio, 2007 Nacional y Política |
|
Expediente
Presos por protestar
Las detenciones de más de 100 ciudadanos, entre el 28 y el 30 de
mayo, obedecieron a un método sistemático, según detectó el Foro
Penal. El Estado sí se explicó ante la OEA.
Por Giuliana Chiappe
"Los detenidos llegaron a la sede policial de la Zona 7, en Boleíta
Norte, en tres grandes grupos: dos provenían de El Cafetal y, el
otro, de Las Mercedes. La mayoría llegó el domingo 28 de mayo. Sólo
uno de los grupos de El Cafetal, concretamente de la urbanización San
Luis de esa zona caraqueña, fue apresado el lunes 29.
A los de Las Mercedes, que eran unos 20, los requisaron y los
encerraron en una jaula sin techo, al sol. También les llovió. Sólo
tres niñas, de 14 y 15 años, fueron llevadas a un lugar más
resguardado, en el interior de la comisaría. Nos extrañó que a este
grupo les tomaron fotografías tres veces. Una de ellas fue la de
rutina para la ficha policial, una segunda fue tomada supuestamente
por una ONG de derechos humanos y la tercera, presuntamente, por
funcionarios que se identificaron como de la Disip.
A los de El Cafetal, los que llegaron primero, los encerraron en una
celda dentro de la sede policial, junto con dos presos por delitos
comunes. Nos dijeron que en las noches saltaban ratas desde el techo y
estaba lleno de insectos. El olor era insoportable por la orina
acumulada en potes dentro de la misma celda. Los presos de los
calabozos cercanos mantenían una actitud poco usual, porque les
gritaban consignas a favor de Hugo
Chávez, como para provocarlos.
Además de las niñas del grupo de Las Mercedes, se encontraban cuatro
adolescentes más: uno también de Las Mercedes, dos de los primeros
deEl Cafetal y que estaban con su padre y uno más, que llegó entre
los últimos detenidos y que estaba muy nervioso porque a su hermano
lo habían herido y trasladado al hospital ".
La que narra es Mónica Fernández, directora del Foro Penal
Venezolano, quien estuvo dentro de la comisaría de la Zona 7 entre
10.30 de la mañana del lunes 29 y 1.30 de la madrugada del martes 30
de mayo, días inmediatos al retiro de la concesión otorgada al canal
de televisión RCTV. Se trasladaron hasta el sitio debido a una
llamada de alerta que recibieron de un pariente de uno de los
detenidos. Aunque a los familiares no les permitían ningún tipo de
comunicación con los retenidos, Fernández reconoce que, después de
identificarse, las autoridades de la Zona 7 les permitieron el ingreso
sin problemas a los miembros del Foro Penal.
El método
Sobre los acontecimientos ocurridos entre el 28 y el 30 de mayo por las manifestaciones a favor de RCTV, el Foro Penal Venezolano detectó "la aplicación de un método sistemático de detenciones" durante esos días. Todas se realizaron en bloque, en determinadas urbanizaciones (los dos primeros días en el municipio Baruta y el tercer día en Chacao), entre gente que no se conocía entre sí y que, en su gran mayoría, ni siquiera estaban manifestando. "A muchos los agarraron saliendo del centro comercial San Luis de El Cafetal. Incluso, uno de ellos se estaba subiendo a su carro después de comprar en la farmacia, se le cayeron las llaves al lado del vehículo y no le dejaron recogerlas. Otros estaban mirando la manifestación en las puertas de sus edificios".
Además de la de la Zona 7, otra comisaría con enorme cantidad de
detenidos por esos eventos fue la Comandancia de Los
Teques, según la lista que posee el Foro Penal y que incluye
los nombres y otros datos de detenidos y lesionados. Fernández apunta
que en el resto del país, las detenciones fueron muy escasas. Después
de la Gran Caracas,
fueron Zulia y Carabobo las que reportaron mayor cantidad de
detenidos, y ninguno de estos estados superó los cinco retenidos.
"En Guarenas y Guatire, por ejemplo, no se produjo ninguna",
afirma.
Los "días de represión", como los denomina Fernández,
fueron 28, 29 y 30 de mayo. Según cifras oficiales, los detenidos
pasaron de 200: la Defensoría del Pueblo manifestó el 4 de junio que
fueron 276 y la Fiscalía reconoció el 31 de mayo, 251, cifra en la
que incluyó 30 adolescentes. Sólo en esos días se reportaron
lesionados en Caracas
como consecuencia de acciones policiales . Salud Chacao atendió, según
cifras que maneja el Foro Penal, a 35. En Carabobo sí se presentaron
algunos heridos después del 30 de mayo.
"Es obvio que se trató de un método sistemático de
detenciones. Yo siento que se buscó dar una advertencia para
intimidar a futuros manifestantes. La cantidad de detenidos es
excesiva: 251 presos en 167 manifestaciones. Demasiados", aprecia
Fernández.
Acciones posteriores
De los calabozos de Boleíta y Los Teques, los detenidos pasaron a tribunales. En algunos casos se lograron libertades plenas, que fueron las menos, otras cautelares y con fianza. La mayoría de los procesados se encuentran en régimen de presentación y aún queda un preso: el general Lara Guzmán, quien es uno de los militares que protestaron en la plaza Francia, de Altamira. Fernández asegura que desconoce los motivos por los que continúa retenido pues estaba en libertad plena y es imputado exactamente por los mismos supuestos delitos que los demás.
"En la presentación a los tribunales también detectamos
irregularidades. Primero, siempre asignan a los mismos jueces que en
otros casos políticos. La jueza 34 de control, a quien le correspondió
procesar a parte de los detenidos, les prohibió 'manifestar', cosa
que no puede prohibir un tribunal porque es un derecho constitucional.
También les prohibió 'comunicarse entre ellos' y en eso incluyó al
padre con sus dos hijos. Todos fueron imputados por varios delitos
entre los que se contaba el 'agavillamiento', cosa imposible pues la
gran mayoría ni siquiera se conocía previamente y la 'prohibición
de hacerse justicia por sí mismo', delito que jamás se cometió",
explica Fernández.
También fueron imputados por el delito de "obstaculización de
las vías públicas" que, en la última reforma parcial del Código
Penal, que data de 2005, se le aumentó la pena a una prisión de
cuatro a ocho años. "Si se aplicaran las sanciones que se
incluyeron en el expediente, resultaría que los implicados podrían
tener prisión de diez años, por el solo hecho de ejercer su derecho
constitucional a manifestar", enfatiza Fernández.
De detenidos y lesionados
El Foro Penal, al que también pertenecen los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, disponen del listado de detenidos y lesionados durante los últimos días de mayo, incluyendo edades y otras señas personales. Esta información fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, pero en Venezuela los nombres los deben mantener en reserva por solicitud de los mismos implicados pues muchos de ellos aún se mantienen bajo régimen de presentación.
En la lista se da cuenta de detenidos en Zona 7 y Los
Teques, con edades comprendidas entre 14 y 59 años. Menores de
edad se reportan dos de 14 años, uno de 15 y cuatro de 17. Entre los
lesionados, no se reportaron menores de edad pero sí cuatro de 18 años.
El resto de heridos durante las manifestaciones, atendidos en Salud
Chacao, cuentan edades entre 19 y 51 años. Cuatro mujeres y 31
hombres.
Fernández asegura que algunos niños también fueron agredidos y
detenidos. "En Los
Teques hubo 20 menores de 14 años. Algunos de ellos incluso
tenían las marcas de las motos en los brazos, porque los acostaron y
les pasaron las ruedas por encima", afirma. Asegura que su
situación fue atendida por la encargada de Derechos Humanos de Los
Salias, Lucía Vera, quien se preocupó por sus condiciones sicológicas
y de salud.
El Foro Penal también detecta un pecado de omisión, de parte de la
Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. "Nosotros hemos
solicitado información a la Defensoría y a la Fiscalía y no han
respondido, a pesar de que fueron implicados incluso niños y
adolescentes y varias irregularidades. Tenemos casos de agresión que
son graves. Por ejemplo, a una joven de 19 años que en Los
Teques recibió cincuenta perdigonazos. Ninguno de esos dos
organismos ha ejercido acciones por los actos de represión y
amedrentamiento de finales de mayo", acusa. Por los momentos,
solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
aplicación de medidas cautelares para resguardar el derecho a
manifestar.
|